Los irresponsables viajes presidenciales

I

Hay una señora de nombre Dina Boluarte, a quien nadie conoce y parece estar desempeñando el cargo de jefa de Estado; pero está ausente permanentemente del Perú, sea por viajes políticos o apolíticos. Vivimos hoy una violencia incesante, pero a la oficialidad no parece importarle, prefieren salir frívolamente del país dejándolo acéfalo. En el siglo XIX y XX ningún presidente abandonó la República. Los únicos que lo hicieron lícitamente fueron el Protector José de San Martín (1822) y José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete (1823); este último dejó el mando militar, pero se le permitió retener el título de “Presidente de la República”, aunque su presidencia fue un desastre. Es inusual el abandono del cargo presidencial o salir del país en caso de guerra o violencia interna. El único caso clamoroso y vergonzante fue el del general Mariano Ignacio Prado quien, en plena guerra con Chile (1879), nos abandonó y marchó al extranjero, amparado en una írrita autorización congresal aprobada meses atrás. Viajó al exterior cuando en la guerra nos estábamos hundiendo militarmente, repito, con el pretexto de proveernos de fondos y adquirir buques y armamento para enfrentarnos a los rotos del sur. Se llevó la cantidad de tres mil libras esterlinas (luego pidió más de 180,000) que le fueron entregadas para su viaje por órdenes del ministro de Hacienda, José María Quimper. Una Comisión del Congreso, presidida por Torrico quiso enjuiciar a éste, pero no prosperó la buenísima intención patriótica. Prado actuó entonces con las manos abiertas. Piérola, a su turno, exigió la renuncia de Prado, en un pronunciamiento en el diario La Patria. Como recuerda Basadre, Prado debió, antes de optar por el viaje al extranjero en busca de elementos bélicos, hacer un acto espectacular de búsqueda de la unión y dimitir; Piérola, en otro plano, debió tener en ese momento gravísimo el gesto de, por lo menos, intentar un entendimiento con fuerzas que no eran las suyas y aceptar la jefatura del gabinete con plena libertad de acción y no lanzarse solo a las responsabilidades del poder. El hecho es que Mariano Ignacio Prado no trajo ningún buque al Perú y volvió al exterior donde murió, dejándonos en mala postura económica. Las libras esterlinas jamás llegaron a nuestras cajas fiscales. Prado se apropió de ellas y nos quebró para una real compra de armas. Por eso el nombre de Mariano Ignacio queda escupido por su defección, su manirrrotismo y su apropiación de bienes del Estado. 

II

La Constitución Política regula, entre otros, los límites del poder; desde la primera Carta de 1823 se restringió al jefe de Estado para salir del territorio de la República (Const. 1823, 1826, 1828). Tampoco podía mandar personalmente a las fuerzas armadas sin permiso o autorización del Congreso. Si se alejaba de la capital quedaba suspendido en su presidencia (Const. 1834). El objetivo era no dejar acéfalo al país ni generar un vacío de gobierno. Siempre se encargaba a otra autoridad; al primer o segundo vicepresidente de la República. En la Constitución de 1933, era el Congreso quien fijaba el tiempo para ausentarse y la presidencia de la República vacaba si no se reincorporaba vencido el permiso de viaje. En la Carta de 1979, el cargo quedaba vacante si el Presidente salía sin permiso del Congreso o no se reincorporaba al término de la autorización. En la actual de 1993, se autoriza el viaje, encargando el despacho al vicepresidente; pero es vacado si sale sin autorización del Congreso o no retorna al término de su viaje (art. 102, 113 y 115). En 1996 se aprobó una inusual ley 26656 que rompió la tradición constitucional; estableció modalidades y plazos para salir del país. Esa ley fue derogada porque el permiso o la autorización congresal para viajar responde a la seguridad en la conducción del gobierno y al rol del jefe de Estado. En la actualidad, al no tener vicepresidentes, la Ley 31810 (de junio del 2023), permite salir del territorio nacional, manteniendo el Despacho presidencial mediante tecnologías digitales. Tenemos así un jefe de Estado virtual. Esta situación de acefalía debe pasar necesariamente por una reforma constitucional. 

Con el tiempo una tumba dirá: “Aquí yacen los restos de Dina Boluarte”. Los que lo lean se preguntarán ¿Quién fue esa persona? 

Respuesta: Nadie.