Los Humala en su hora más difícil

El recurso de casación planteado por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, en el que se pide variar la prisión preventiva de 18 meses por libertad restringida —a raíz de la imputación de delitos de “lavado de activos y receptación de aportes ilegales” de la brasileña Odebrecht y del Gobierno venezolano en el 2006 y el 2011, para sus dos campañas presidenciales— se verá este viernes en la Primera Sala Suprema Transitoria del Poder Judicial.

Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes judiciales anteriores, el panorama no se les presenta muy alentador, ya que en agosto pasado, la Segunda Sala de Apelaciones declaró infundada la presentación del primer recurso. Asimismo, las Cortes Superiores de Piura y Arequipa también desestimaron sendos recursos de habeas corpus presentados por dos ciudadanos que solicitaban la libertad de la ex pareja presidencial.

Si bien es cierto que el recurso presentado por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia no busca exculparlos de los delitos imputados, sino la variación de la pena de privación de la libertad por otra más benévola —mientras dure el juicio—, se ve complicado debido a que sobre la pareja presidencial penden otras sospechas delictivas igualmente graves y que están siendo investigadas. Como las extrañas muertes del soldado Emerson Fasabi —que trabajaba como vigilante en la residencia de la familia Humala y la de su sobrino, Daniel Feiffert Humala—, hallado como NN en la Morgue Central de Lima.

La situación del ex mandatario es mucho más delicada por el caso Madre Mía, en el que se le imputan varios crímenes cometidos en agravio de ciudadanos de Huánuco y Tingo María, acusados de terrorismo en 1992. Ollanta Humala, que actuaba bajo el seudónimo de “Capitán Carlos,” tendrá que defenderse de dichas acusaciones que, si se comprueban, podrían confinarlo de por vida en la cárcel por delitos de “lesa humanidad”.

Todas estas circunstancias tornan difícil que la Primera Sala Suprema Transitoria del Poder Judicial varíe la pena, porque existe el peligro de fuga por la gravedad de los delitos que se vienen investigando no solo en el Ministerio Público, sino también por una Comisión Especial del Congreso de la República. Si el recurso prospera, el paso siguiente sería una audiencia pública en el término de veinte días, para que las partes expongan sus argumentos sobre si procede o no la libertad restringida.

De no lograr éxito en su empeño, la defensa tendría todavía la oportunidad de acudir al Tribunal Constitucional o a las instancias internacionales, gestiones que de hecho durarían más de los 18 meses a los que está condenada la ex pareja presidencial, mientras duren las investigaciones por lavado de activos y recepción ilegal de donaciones para las campañas presidenciales del 2006 y 2011.

No olvidemos que en el caso Madre Mía —de acuerdo a los últimos testimonios de testigos presenciales, familiares de las víctimas y ex miembros del Ejército— se ha corroborado dicha matanza, lo que serviría para reabrir el caso. Además esto pone en tela de juicio la actuación de los fiscales Pablo Sánchez y Víctor Cubas Villanueva, quienes sostuvieron, en el momento en que actuaron, no haber hallado pruebas suficientes sobre las acusaciones contra Humala Tasso. Con ello le dieron la herramienta, en el año 2009, a la Sala Penal —presidida por el juez supremo César San Martín— para ordenar el archivamiento definitivo de dicho proceso, absolviendo al inculpado.

Como se recordará, César San Martín, fue el juez supremo que ordenó la prisión de Alberto Fujimori Fujimori, acusado de delito de “lesa humanidad” tras el informe del Ministerio Público, que en ese momento estuvo presidido por el también cuestionado ex Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales. Han transcurrido 25 años desde que ocurrió la matanza de Madre Mía y el misterio aún no se aclara, y el fiscal que no encontró pruebas suficientes en dicha oportunidad es ahora nada más ni nada menos que el fiscal de la Nación, con Víctor Cubas Villanueva al lado, como asesor principal de su despacho. En el Poder Judicial sigue César San Martín, como juez supremo. Veremos qué pasa con este sonado caso que, como otros, mantiene en vilo a la opinión pública.