Lo que no es el Estado, aunque usted no lo crea

A propósito de la megacorrupción en los países “cretino-americanos

No recuerdo quién acuñó el término “cretino-americano”, en todo caso dejo allí el reconocimiento a su autor usándolo para subtitular este artículo. Suena bastante aproximado al “perfecto idiota latinoamericano” del que nos hablaran Montaner, Apuleyo y Vargas Llosa hijo. Lamentablemente ambos términos describen demasiado bien la realidad de nuestros países herederos del “pecado original” bolivariano que dio origen a la fragmentación de la América hispana. Esa megacorrupción que nos hace trizas proviene del plan político socialista del Foro de Sao Paulo y forma parte del socialimperialismo corrupto del Brasil, aquel país que pertenece a la América lusitana y que antes de llegar a su forma republicana pasó por una nueva monarquía que sucedió a la corona portuguesa.

El Estado corrupto y corruptor está en la mira. En el Perú y en toda la región parece que hubiéramos probado todos los modelos, sin que ninguno haya resultado satisfactorio. Finalmente hemos encontrado una dinámica que nos ha permitido un importante nivel de crecimiento económico, pero sin encontrar el camino hacia un desarrollo humano y social a la altura de ese crecimiento. En todos los modelos, el Estado no es la solución sino el problema.

Para analizar esta situación vamos a recurrir a las ideas centrales que expone el brillante intelectual, historiador, escritor y conferencista libertario norteamericano Thomas Woods en su conferencia “Las cuatro cosas que no es el Estado” (2014), inspirada a su vez en buena parte en la lectura del libro Burocracia de Ludwig Von Mises.

El Estado no somos todos. Los ciudadanos debemos defendernos de los abusos del Estado. De hecho, las constituciones tienen por objetivo central establecer límites claros a la acción del Estado y reconocer derechos fundamentales que ese Estado no debe vulnerar ni crear, sino reconocer y acaso proteger, pero nunca distorsionar ni imponer. Los ciudadanos en tanto individuos, familias y comunidades son sujetos de derechos y deberes.

El Estado no es una empresa y por lo tanto no debe administrarse como tal. En el Estado no hay forma alguna de aplicar entre sus miembros la idea de que sus ingresos y ganancias se obtienen a partir de los bienes y servicios de calidad que se brindan a los consumidores que pagan voluntariamente por sus productos. El Estado obtiene sus “ingresos” a partir de los impuestos que son cobrados en forma coactiva, con la fuerza y violencia del aparato estatal recaudador contra los verdaderos productores de riqueza. Estos ciudadanos ven cómo el Estado toma para sí y para su enorme e ineficaz maquinaria burocrática gran parte de la riqueza que tanto les cuesta producir. No pueden oponerse sino eventualmente, con la rebeldía de una elusión o evasión, corriendo el riesgo de un castigo implacable y abusivo. Lo peor de todo es que no hay necesariamente una contraprestación; y si la hay, no llega a ser proporcional al dinero que el Estado toma de forma legal pero ilegítima. No debe sorprender entonces que se propague por el sistema la violencia y la inmoralidad inherentes a la actuación de ese Estado en ese sistema.

El Estado no es el depositario del bien común ni su generoso bienhechor. Esa es una falsa percepción. El Estado siempre está dirigido por un grupo de políticos que toman el control de un enorme aparato burocrático por un tiempo y luego se lo dejan a otro grupo de políticos; sin que ni unos ni otros tengan en verdad compromiso alguno para alcanzar realmente objetivos de interés común. Seguramente los anuncian, los pregonan y hasta presumen de ellos; pero suelen quedar en buenas intenciones, abonando así el camino hacia el infierno de los peores resultados. La casuística es abundante. James M. Buchanan demostró claramente en sus trabajos sobre el Public Choice (por los que ganó el Nobel de Economía en 1986) que los intereses personales de los burócratas se imponen por encima de los falaces intereses del bien común.

El Estado no es esa entidad maravillosa que cautela y asegura el bienestar para todos. Ni siquiera la seguridad física. De hecho suele ser todo lo contrario. En la historia de la humanidad, en especial durante el siglo XX, son los Estados los que han perpetrado las mayores matanzas y masacres contra su propia gente. Courtois (1997, CNRS, París) estima en cien millones los asesinatos perpetrados contra sus propios ciudadanos por estados comunistas entre 1917 y 1980.

Más allá de la represión política, social y religiosa, también en la economía cotidiana el Estado interfiere y alimenta círculos viciosos que afectan el nivel de vida de sus ciudadanos. Afirmamos que el círculo virtuoso del bienestar se inicia con un emprendimiento privado y su éxito propaga resultados y mejoras en la calidad de vida de los que participan de él en forma directa e indirecta. La intervención del Estado suele interferir el proceso, hacerlo más lento, desvirtuarlo e incluso aniquilarlo.

Es el caso de políticas redistributivas que alimentan el parasitismo social, desalientan la inversión en nuevos emprendimientos y terminan llevando a una nueva situación en la que, luego de haber aliviado en el corto plazo a grupos de bajos ingresos, no se logra consolidar todo el bienestar que originalmente se habría gestado, y esos grupos de bajos ingresos van a acusar el mayor perjuicio. Estos espacios falsamente redistributivos son estímulo enorme para la corrupción y el pillaje del erario nacional, pues la ayuda social suele tener guarismos bastante pobres de llegada a la población objetivo, ya que el 80% y más de los recursos se dilapidan en burocracia ineficaz y corrupción de altos funcionarios.

Por Darío Enríquez