Lo que le falta al Perú es capacidad de ejecución

En la última semana se han discutido y debatido ampliamente los alcances de las propuestas planteadas por la Comisión de Protección Social (CPS) en el propósito de lograr un sistema de protección social básica para todos los peruanos. Incluso se precisa que este esquema de protección conllevaría un nuevo contrato social entre el Estado y la sociedad peruana; y a su vez hay coincidencia en que las propuestas son bastante ambiciosas, poniendo en perspectiva la disponibilidad de recursos con los que cuenta el Estado para acometer los objetivos de la CPS.

Como se indica en el informe final presentado por dicha comisión, el gasto en salud representa un 6% del PBI, rango inferior a la región —que se encuentra en el orden del 7.5%—, pero lo que llama la atención es que el 25% de los peruanos no se atiende en ninguno de los sistemas de salud (público o privado) por razones de pobreza monetaria.

En cuanto al sistema de pensiones, se precisa que solo el 17% de la PEA aporta regularmente al sistema previsional, y solo el 14% de esta población podría aspirar a recibir una pensión al final de su vida laboral. El origen de todo este panorama desalentador se encuentra en el régimen laboral vigente, pues el 30% de la PEA pertenece al sector formal laboral, pero solo el 6% de la PEA tiene contrato laboral a plazo indeterminado; una situación a la que nos ha llevado la ausencia de un marco laboral adecuado de promoción del empleo formal. De forma adicional, deben considerarse los riesgos que involucran, en el campo laboral, la profundización de la automatización por incorporación de tecnología, entre otros aspectos aún no abordados.

No comparto algunos de los esquemas de solución que plantea la CPS para la implementación de políticas de Estado respecto al régimen de protección social. No obstante, creo que el informe presentado debe constituirse en una herramienta que permita al Gobierno considerar algunos planteamientos —complejos de concretar, por lo menos en el corto plazo— para implementar escenarios intermedios. La propia CPS ha señalado que hay espacios para lograr eficiencias, especialmente en la prestación de los servicios de salud, que se encuentran bastante desarticulados; pero todo ello se circunscribe a que el Gobierno demuestre tener capacidad de gestión, lo cual no ha sucedido hasta ahora.

Para acometer políticas públicas que impliquen reformas y, a su vez, que involucren mayor gasto del Estado, se pone en evidencia la necesidad de emprender una reforma tributaria, como la que se viene pregonando pero no ejecutando, desde el Ejecutivo, en procura de lograr una mayor recaudación —o mejor expresado, mayor contribución por parte de los ciudadanos— para una mejor prestación de servicios básicos. Sin embargo, las reformas que conllevan una incidencia directa en la población, como la tributaria, deben legitimarse. Una situación que ocurre cuando el Estado cumple con sus obligaciones básicas, como las de otorgar una óptima prestación de los servicios esenciales de salud, educación, pensión mínima, entre otras. No hay duda de que eso no ocurre de manera óptima en la actualidad, e inclusive los países de la región con los mismos niveles de gasto presentan mayor eficiencia y calidad en la cobertura de los servicios que indicamos.

La reforma tributaria anunciada tiene relación con la reducción de la recaudación en relación con porcentaje del PBI. Hemos pasado de 16% en el 2013, a menos del 13% en el 2016, con la perspectiva de que este año eso no cambie. Reiteramos, la implementación de esta reforma requiere legitimidad, en el sentido de explicar a la ciudadanía qué servicios se potenciarán con los recursos adicionales; pero el Ejecutivo debe avanzar en la mejora de los servicios con los recursos disponibles, para que los peruanos sientan que las prestaciones del Estado son acordes con sus contribuciones.

Asimismo, la CPS ha señalado que la informalidad es uno de los aspectos críticos que se tienen que resolver para implementar las recomendaciones para una prestación social óptima por parte del Estado. Lo hemos señalado de forma muy clara: la informalidad es en la actualidad el mayor problema estructural de nuestra sociedad, que tiene repercusiones de carácter económico y social; pero sobre el cual el Gobierno ha retrocedido, dejando de lado uno de los pilares fundamentales que se anunciaron en su plan de gobierno.

Finalmente, todo lo señalado se resume en explicar que existen diagnósticos y recomendaciones, como las contenidas en el informe de la CPS (sin duda más ambiciosa), para la implementación de políticas de protección social; como las que han generados entidades académicas, gremios empresariales, organismos multilaterales, entre otros. Pero lo que sin duda falta es capacidad de implementación y ejecución, que son función y responsabilidad ineludible del Poder Ejecutivo. La pregunta del millón: ¿cuándo empezarán a gobernar?