Cesar Gutierrez
¿Libre competencia en sector electricidad?
Inacción gubernamental origina serios conflictos
Estamos en medio de un gran conflicto en el sector electricidad; un conflicto que trasciende el interés de los grupos empresariales. La situación va más allá, está de por medio el interés del Estado, la responsabilidad gubernamental en la gestión y las señales que damos a los inversionistas sobre las prácticas de mercado en nuestro país.
El interés del Estado está en juego porque se ha afectado al Fondo Consolidado de Reservas, que pertenece a los pensionistas en el régimen estatal. Una responsabilidad gubernamental, porque el problema se veía venir desde el año 2015, sin que el Gobierno haya hecho algo.
Es una señal para los inversionistas, porque las noticias hacia el exterior tienen dos vertientes contrapuestas: que no hay problema alguno, porque es una práctica de libre competencia;y la posición antagónica, que es una mala práctica con un estado permisivo.
Desde hace cuatro años se viene discutiendo la formación de precios en el mercado spot (MS), que corresponde a las transacciones que calzan excedentes con déficits, y que por una situación muy particular se ha convertido en una fuente permanente de excedentes. Excedentes con los que algunos operadores de generación no solo han actuado como tales, sino también como comercializadores.
La defensa de los que han obtenido réditos con la situación sostiene que es el mercado: a más oferta menor precio. Sin embargo, lo que no dicen es que en las reglas de formación de precios en el MS, usando una legislación vigente desde hace 20 años, han entregado información que no es veraz y que ha llevado al desplome de las cotizaciones. Esto es aprovechado para comprar barato y vender con buen margen de ganancia, no menor al 100% sobre el costo. Esto va contra el FCR, que es el propietario de Electroperu (EP), empresa que es la más perjudicada con lo que ha venido ocurriendo.
Es claro que esto no es un mercado de competencia; es una práctica indebida autorizada por ley, con un Estado ausente, ante una situación que era previsible desde el año 2015. Todo ello por dos razones: la disminución de la tasa de crecimiento de la demanda eléctrica, como consecuencia de un PBI desacelerado; y un excedente de capacidad de oferta, fruto de hidroeléctricas licitadas principalmente en el 2011, con empresas estatales que fueron obligadas a comprar por mandato legal energía a un precio no competitivo, que fue de US$ 48.18 por megavatiohora (Mh), en promedio ponderado.
Con el mecanismo de formación de precios en el MS, entre el 2017 y 2019 el precio medio de venta fue de US$ 9.73 por Mh, y el de compra de energía reajustado ascendió a US$ 52.78 por Mh para EP. Es decir, la pérdida fue de US$ 43.05 por Mh. EP y las otras generadoras del Estado: San Gabán, Egemsa y Egasa, pudieron vender a US$ 20 por Mh, como lo hacen los comercializadores a costa de ellas. Con una práctica en estos términos, la primera hubiese visto atenuada sus pérdidas como comercializador y las otras hubiesen incrementado su margen bruto en 105%.
En un escenario como el descrito ¿Qué hubieran dicho los predicadores de hoy del supuesto mercado de competencia? ¿Qué el Estado les hacía competencia desleal? Habría argumentos suficientes para decir que estaban actuando ilícitamente.
El caso más cuestionado hubiese sido EP, pues se argumentaría que estaría vendiendo por debajo del costo de compra. Ante esa acusación se respondería que en una visión conjunta de la empresa, sus precios de venta estaban por encima del costo de ventas. Es decir, mirar la operación integrada de la generadora estatal en sus dos roles, productor y comercializador. Estoy seguro de que los panegiristas de la oferta y demanda falsa hubiesen corrido hacia Indecopi a demandar.
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