Las formas clásicas de gobierno y sus principales rasgos

Las clásicas formas constitucionales de gobierno no surgieron como resultado directo de un histórico y deliberado proceso constituyente; se consolidaron como modelos paradigmáticos que inspiraron el diseño de otros como el semipresidencialismo, semiparlamentarismo y los neopresidencialismos. Nos referimos al parlamentarismo británico y el presidencialismo estadounidense que, pese al paso del tiempo, continúan siendo objeto de estudio y referencia obligada en el análisis comparado de las democracias contemporáneas.

Desde una perspectiva funcional, la forma constitucional de gobierno se define por el modo en que se articulan las relaciones entre las funciones ejecutiva y legislativa. Una continua interacción que determina no solo la distribución de competencias, sino también la dinámica política que permite la gobernabilidad y la estabilidad política. Sin embargo, un aspecto subestimado es la relevancia del sistema de partidos políticos como condición estructural para la viabilidad de cualquier forma de gobierno. Los regímenes bipartidistas tienden a ofrecer mayor claridad en la formación de mayorías parlamentarias y en la alternancia del poder, lo que contribuye a la eficacia del principio de representación política.

El parlamentarismo británico, por ejemplo, se desarrolló sobre la base de una evolución histórica de facciones políticas —los Tories y los Whigs— que dieron lugar a partidos consolidados como el conservador y el laborista en la actualidad. Una configuración que permite al electorado británico expresar con claridad sus preferencias políticas, facilitando la formación de gobiernos estables. De manera similar, el sistema bipartidista estadounidense —republicanos y demócratas— ha estructurado la representación política en un país caracterizado por su diversidad cultural y étnica, permitiendo una gobernabilidad eficaz en el marco de un federalismo robusto.

En el parlamentarismo clásico, la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo es menos rígida. El primer ministro, como jefe de gobierno, emana de una mayoría parlamentaria, lo que implica una relación fiduciaria entre el parlamento y el gabinete. Los ciudadanos eligen a sus representantes legislativos, y estos, a su vez, nombran por mayoría al primer ministro. Se trata de una lógica que permite que los parlamentarios puedan ejercer funciones gubernamentales y, al mismo tiempo, fiscalizar a los ministros mediante preguntas e interpelaciones.

La jefatura del Estado y del gobierno recaen en personas distintas: el jefe de Estado —sea una dinastía monárquica o un ciudadano nombrado— personifica a la nación, cumple funciones simbólicas y de unidad nacional; mientras que el primer ministro dirige la acción gubernamental. Una dualidad institucional que refuerza la neutralidad estatal frente a la contienda política.

La relación entre el legislativo y el ejecutivo se caracteriza por mecanismos de control recíproco: el parlamento puede retirar la confianza al primer ministro mediante una moción de censura, y el ejecutivo puede disolver la Cámara baja si considera que no existe una mayoría funcional para gobernar. Esta flexibilidad institucional permite ajustar la composición del poder político a las exigencias del momento, sin comprometer la continuidad del Estado.

La segunda forma de gobierno clásica, el presidencialismo puro, como el desarrollado en los Estados Unidos, se funda en una separación tajante de poderes. El presidente y el Congreso son elegidos por sufragios distintos (separación horizontal), lo que implica que el ejecutivo no depende de una mayoría legislativa para su investidura. Es una independencia funcional que se traduce en la imposibilidad de que los parlamentarios ejerzan funciones ministeriales, reforzando la autonomía de cada poder.

Durante su mandato, el presidente puede enfrentar escenarios de mayoría, minoría o alternancia en las cámaras legislativas, lo que exige una capacidad de negociación y liderazgo político; por otra parte, el presidencialismo estadounidense se articula con una forma de Estado federal, que introduce una dimensión vertical en la distribución del poder. Es una estructura que permite que los distintos niveles de gobierno ejerzan competencias propias, favoreciendo la descentralización y la pluralidad institucional.

La estabilidad del presidencialismo se garantiza mediante mandatos fijos y reglas claras de sucesión democrática, lo que evita crisis recurrentes de gobernabilidad. La posibilidad de reelección limitada, reconocida en la Constitución estadounidense a partir de la enmienda veintidós, refuerza la legitimidad democrática en la medida que no comprometa la alternancia política, requisito sin el cual no debería admitirse en los países que comparten el presidencialismo. Finalmente, resulta vital contar con una efectiva forma de Estado; es decir, una división territorial del poder político (separación vertical) que sea viable y compense el poder del gobierno central respetando el reparto de competencias entre los órganos centrales y del interior del país. Lo contrario tiende a la aparición de caudillos en las contiendas democráticas.