La subversión se infiltra en las protestas

Emplear las protestas como una herramienta de acción política es un juego que el radicalismo llevó a cabo en los años setenta y ochenta. El resultado fue la pérdida de miles de vidas humanas, el empobrecimiento generalizado, que alcanzó a más de dos tercios de la población, y, en adición, la destrucción de infraestructura pública y privada por parte de la acción subversiva.

Además, recordemos que la Venezuela de hoy es el Perú de los ochenta. Millones de jóvenes abandonaron el país para forjarse un proyecto de vida mejor y tuvieron que soportar —en algunos casos— malos tratos y vejaciones por la inconducta de algunos compatriotas. Lo peor fue el no retorno de la juventud más calificada. Si bien es cierto que las remesas enviadas por quienes emigraron compensaron en parte la miseria que enfrentaron quienes permanecieron en el país, lo cierto es que la pérdida de capacidad humana se convierte en un daño irreversible para la colectividad nacional, que tarda muchos años en recuperarse.

Por eso es necesario establecer hasta donde resultan razonables las acciones de protesta. Cuando se impactó (agujereó) el oleoducto norperuano para ocasionar derrames de petróleo y reclamar daños ambientales, parte del acuerdo alcanzado con la comunidad fue el otorgamiento de puestos de trabajo para algunos de sus miembros. Ese escenario revela dos hechos que no debemos pasar por alto; primero, se acepta el daño a la propiedad pública y se deja sin sanción a los responsables; y segundo, se legitima la extorsión como uno de los vehículos de la protesta.

Si bien es cierto, ese es el escenario social en la actualidad, no resulta razonable legitimar lo que está errado, porque el mal ejemplo cunde. Por otro lado, la ausencia de programas de capacitación y acercamiento hacia las dirigencias de los sectores sociales, muchas veces los deja a merced de quienes quieren instrumentalizarlos políticamente y, en el extremo, disputarles el liderazgo para descolocarlos y reemplazarlos.

Las dirigencias deben estar en capacidad de discernir si resulta un sinsentido que el costo de una protesta sea superior a lo que se espera lograr en una negociación razonable, como también si resulta ético atentar contra un bien ajeno o poner en riesgo la vida de las personas. Si ello no es explicado a las dirigencias, que finalmente se convierten en vehículos de transmisión hacia un grupo mayor, es fácil que se termine por distorsionar la escala de valores de un protestante hasta llegar a afirmar que un asesinato es “costo social inevitable”, tal como lo afirmaba la subversión en los años ochenta.

Recordemos que la subversión, en el ámbito sindical y social, promovía la radicalización de las protestas mediante el establecimiento de comités de lucha u organizaciones paralelas a las establecidas para “defender los intereses del pueblo”. En consecuencia, muchos dirigentes terminaron descolocados al exigirles una definición a favor de la lucha armada; de lo contrario, eran calificados de contra-revolucionarios.

Por lo expuesto, quienes sean líderes de las protestas sociales, como expresión de la conflictividad, tienen que estar conscientes del impacto negativo que genera, por ejemplo, el bloqueo del tránsito de vehículos de la minera Las Bambas. Esto va más allá de las pérdidas económicas de dicha empresa, porque también impacta negativamente en la imagen del Perú. Muchas inversiones podrían retraerse y, al no generarse nuevos puestos de trabajo, la pobreza seguirá incrementándose, tal como lo viene haciendo desde el 2017.

Salvando las distancias, ¿alguien considera que es gratuito que un médico, que fue sentenciado por formar parte de un organismo de fachada de la subversión en los años ochenta, esté dedicándose a la agitación social en contra del desarrollo de un proyecto minero que, a todas luces, resultará beneficioso para la población del valle de Tambo y para el país?