La renuncia del presidente de Osinergmin

El aciago hecho ocurrido el día 23 del pasado mes de enero –en el que hasta el momento se cuenta con 23 víctimas mortales como consecuencia de la fuga de gas licuado de petróleo (GLP), de una unidad de transporte terrestre– en lugar de motivar un análisis técnico riguroso, ha devenido, desde el fin de semana pasado, en una discusión de un servicio de “media training” contratado por el organismo encargado de la fiscalización de hidrocarburos, Osinergmin. 

El contrato ha existido, el servicio se ha dado. Y desde que se hizo público, la crítica se acentuó en el capitoste de la institución, Daniel Schmerler, viéndose en la necesidad de poner su cargo a disposición ante el premier Vicente Zeballos quien, ni corto ni perezoso, determinó su salida inmediata. 

La contratación ha sido inexplicable; el señor Schmerler ya era una persona que transitaba muy gustoso por los medios de comunicación. La lectura sobre este hecho puede tomarse desde diversos puntos de vista: que iba en busca de ayuda de un sector del periodismo para que le generase blindaje mediático, u otras, la imaginación puede plantear muchas conjeturas más. No se trata de ser mariscal después de la batalla, pero era obvio que en algún acucioso iba a hacer pública un contrato que, por supuesto, no podía ocultarse.

Hasta antes de que se conociese la contratación del servicio, las cosas iban discurriendo hacia repartir responsabilidades entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Instituto Nacional de la Calidad (Inacal), mientras que el Osinergmin aparecía como una entidad que no tenía mayor injerencia en la gestión de las unidades de transporte de combustibles líquidos. Pero los argumentos no satisfacían la indignación ciudadana, que no había llegado al nivel de crisis. 

En términos reales había una serie de aspectos técnicos y operativos descoordinados y donde el Osinergmin había brillado por su ausencia. Ya se estaba pasando un mal momento, por supuesto escamoteando toda una problemática que había detrás. Pero apenas apareció la orden de servicio por el media training, la indignación creció y en menos de tres días se viralizó, y el presidente de la institución tuvo que marcharse.

Hay secuelas que van a pasar por todas las gerencias de comunicaciones o de relaciones institucionales de las instituciones públicas, ministerios, empresas y organismos adscritos al aparato estatal. La primera será una auditoría que corresponde inevitablemente a la Contraloría General de la República, para determinar cuánto se gasta anualmente en este tipo de servicios en el aparato público, y quiénes son los principales oferentes. 

La segunda secuela será determinar si las gerencias de comunicaciones del aparato estatal no tienen las capacidades para hacer las labores de media training a sus funcionarios. De ser así, el relevamiento de todos los titulares de estas áreas debe hacerse ipso facto.

Una torpe e inoportuna contratación ha puesto sobre el tapete un tema que era un secreto a voces y que proliferó a velocidad epidémica. A estas alturas corresponde al contralor actuar. Y hay que recordárselo, porque ya se ha vuelto un clásico que en los temas altamente complicados, en los que hay que ajustar clavijas en el más alto nivel del Ejecutivo, no aparece. 

Una rendición de cuentas sobre el particular a la nueva conformación del Congreso es un tema que se debe exigir inmediatamente. Esperemos que más de una bancada tome el caso y tengamos al contralor informándonos. No es nada difícil acopiar data, pues en cada dependencia pública existe una oficina de control institucional. Estamos expectantes.