La propiedad del subsuelo

El congresista César Combina presentó, en la semana pasada, un proyecto de ley sobre la modificatoria del artículo 66 de la Constitución Política, en el que se señala la necesidad de ir hacia un nuevo contrato social, en el que las personas naturales o jurídicas dispongan de la propiedad del subsuelo, si es que se encuentran recursos naturales. Este nuevo contrato social pasa por desburocratizar el canon y las regalías, otorgando a las comunidades y personas naturales, que son afectadas directamente por la inversión minera, la capacidad de gestionar directamente estos recursos para la mejora de su calidad de vida.

¿Por qué seguir desconfiando de la capacidad de gestión de las comunidades y las personas naturales? ¿Por qué seguir bajo un modelo tutelar sobre la participación y decisión de las personas? En el año 2010 se lograron, mediante núcleos ejecutores, obras de infraestructura social y productiva para beneficio popular, con la participación de las personas organizadas en los barrios populares de Lima y de provincias. Ese es un ejemplo claro de que sí se puede llevar a cabo dicho proyecto de ley. La descentralización política en el país necesita un segundo impulso que pase, también, por dar incentivos de participación y decisión a las comunidades y a los ciudadanos. Ir de abajo hacia arriba.

Es una propuesta realista frente a los límites del modelo burocrático de la disposición del canon por parte de los gobiernos regionales, desde el inicio de la descentralización en el país, allá por el año 2002. Un modelo que solo ha beneficiado a las zonas urbanas y a la burocracia estatal.

Los conflictos sociales en torno a Conga y Tía María son la expresión clara del límite de este modelo. Ante eso se necesita replantear, como correlato de la participación y decisión ciudadana, la problemática del subsuelo, como propone el proyecto de ley. En otros países el subsuelo pertenece a las comunidades y a los ciudadanos naturales, pero en el Perú eso no sucede. En ese sentido, se debe replantear las reglas de juego y el debate respectivo.

Este replanteamiento debería también hacer que la desconfianza que existe actualmente sobre nuestra clase política se traduzca en involucramiento en asuntos que atañen a la ciudadanía en la generación de riqueza y el fortalecimiento de capacidades. Como sucede –por ejemplo– en los Estados Unidos con las comunidades indígenas, que han ingresado al mercado nacional e internacional afianzándose como sujetos de derecho y empresarios. 

En un contexto altamente populista, es necesaria la afirmación de proyectos de ley que canalicen demandas para fortalecer un principio fundamental del Estado de derecho: el derecho a la propiedad.