La ONP y la problemática de la electricidad

La controversia por el precio de transacción en el mercado eléctrico de excedencias y déficits de corto plazo, denominado mercado spot (MS), que data del 2016, tiene un punto muy sensible: las pérdidas en la gestión de comercialización de la generadora estatal Electroperú (ELP) y su efecto en su principal accionista, el Fondo Consolidado de Reservas (FCR), que es administrado por un directorio presidido por el titular de turno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la secretaría técnica de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El FCR es titular del 85.71% del accionariado de ELP (el 14.29% restante pertenece al Fonafe); es decir, los resultados de la eléctrica se ven reflejados en el fondo. En el período 2017-2019, ELP ha venido desarrollando dos actividades: productor de electricidad (por la operación del Complejo Hidroeléctrico del Mantaro), y comercializador. Como productor ha contratado mayoritariamente lo producido con distribuidores y clientes libres de electricidad (consumidores de más de 200 kilovatios). En su labor de comercializador, ha realizado operaciones de compra y venta de energía, adquiriéndola en el período señalado a un precio promedio de 53.07 US$/mwh y vendiéndola a un valor promedio de 9.73 US$/mwh, tema que amerita otro análisis, más allá del simplismo de decir que son razones de excedencia de oferta que han devenido en este estado de situación.

ELP en el período referido, en su rol de comercializador ha perdido S/ 479.6 millones, que si se extrapolan a resultados netos hubiesen significado incrementarlos en S/ 314.1 millones. Un promedio de S/ 104.7 millones anuales, que habrían pasado directamente a las arcas del FCR e incrementado la rentabilidad financiera que generan estos fondos.

David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, argumenta un aislamiento del FCR de los resultados de ELP. Lo plantea desde dos puntos de vista: la inafectación del flujo mensual de pagos a los pensionistas y el impacto mínimo en el fondo dado las cifras que este maneja. Lo primero es una perogrullada, mientras que es pertinente analizar lo segundo. 

Comparar porcentualmente los S/ 104.7 millones anuales de recortes de transferencias de resultados netos de ELP al FCR, con el monto del fondo (S/ 19,877 millones a septiembre 2020), o con la deficitaria reserva actuarial de todo el sistema estatal (S/ 138,000 millones a diciembre 2019); es un despropósito. Hay que evaluar la cifra en montos absolutos, en el ámbito en el que está autorizado el FCR a utilizar sus recursos (artículo 7 del DS-144-96-EF), que es esencialmente en los Bonos de Reconocimiento (fondos que se tenían antes de la existencia del sistema privado de pensiones) y en la asignación (con fines pensionarios) a la Dirección Nacional de Tesoro Público de lo recaudado por la Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional (Ley N° 28046) 

El sistema de pensiones del Estado, en el que se incluye Pensión 65, tiene un desbalance en contra del Tesoro Público, del orden de S/ 5,000 millones anuales. Cualquier ingreso que sirva para paliar la situación de la reserva actuarial es bienvenido, por lo que subestimar ingresos por S/ 314.1 millones, que es lo que ha dejado de percibir el FCR entre el 2017 y el 2019, no puede ser minimizado, menos despreciado.

La decisión de enmendar rumbos en las distorsiones del mercado eléctrico (que son el origen de los menores aportes al FCR), está en manos del Ministerio de Energía y Minas, que conjuntamente con el MEF deben aquilatar los impactos económicos que se generan. Las cifras están claras y el Estado no puede desestimar ingreso alguno; más aún luego del mal momento que nos ha tocado vivir este año por el Covid-19.