Giovanna Priale
La importancia de la educación financiera
Un componente vital para la estabilidad del sistema financiero

De acuerdo con la OCDE, “la educación financiera, la protección financiera del consumidor y la inclusión financiera son reconocidas (como los) tres ingredientes esenciales para el empoderamiento financiero de las personas y la estabilidad del sistema financiero”. A propósito de esta afirmación, hace unas semanas la OCDE publicó la “Encuesta de alfabetización financiera de los consumidores adultos”, que incluye los resultados de 26 países: 12 miembros y 14 invitados. Como parte de estos últimos, participó Perú. Y aquí compartimos algunos resultados significativos, de cara a una política que empodere al consumidor.
La precitada encuesta se divide en cuatro secciones: la primera, referida a los logros en educación financiera y sus componentes: conocimiento, comportamiento y actitudes hacia la planificación financiera; la segunda, a indicadores de inclusión financiera; la tercera, a resultados de las políticas de educación financiera (resiliencia y bienestar financieros); y la cuarta, al análisis de los posibles grupos vulnerables.
En educación financiera, la nota máxima es de 21 puntos. El que consigue esta calificación, es aquel ciudadano que ha adquirido un nivel básico de comprensión financiera y usa lo aprendido al tomar sus decisiones financieras. No obstante, el promedio alcanzado por los participantes de los 26 países, es de 12.7, bastante lejos de este ideal, de 21. Perú por su parte, alcanzó la nota de 12.1; ligeramente por debajo del promedio de los países de la OCDE (13.0), y por encima del único otro país de América Latina participante, Colombia (11.2).
De los tres rubros que analiza este componente, Perú muestra la nota más alta (5.1) en comportamiento, seguida de conocimiento (4.1), quedando atrás en la actitud (2.9). Estas son noticias que debemos usar con cuidado: los consumidores adultos tienen conocimientos financieros, actúan con responsabilidad en el corto plazo; pero aún les falta cultivar el hábito del buen comportamiento financiero: no vivir sobre endeudado, sacrificar gasto hoy por un proyecto a mediano plazo (la maestría, la casa propia), ahorrar en una cartera diversificada de productos financieros e invertir para la jubilación.
Por su parte, en materia de indicadores de inclusión financiera, aproximadamente el 83% de los ciudadanos que participaron en el análisis señalaron que conocían la existencia de al menos cinco productos financieros. Este número se incrementa a 86% en los países de la OECD, mientras que es del 65% para Perú, por encima del 57% que muestra Colombia.
En el caso de los productos de crédito, la variación es aún significativa. Mientras que menos de uno de cada cuatro adultos señala que mantiene un crédito en seis países –encabezados por Perú (15%), seguido por Colombia (19%), Italia (22%), Moldavia (23%), Indonesia (25%) y Hungría (27%)–, en los otros 20 países, más del 40% accede a uno. Esto puede tener muchas explicaciones, pues la deuda en sí no es mala, si te permite apalancar tu negocio para crecer o invertir en un activo fijo. Más aún en Perú, país en el que el préstamo informal aún es relevante en sectores de la población de ingresos inestables y, por lo general, a tasas de interés mucho más altas.
Con relación a los resultados de las políticas de educación financiera, cuando se les pregunta a las personas su grado de planificación financiera para el futuro, el promedio para el total para los entrevistados es de 48.4%. De este total, los países de la OECD muestran un 49.9%; mientras que en Perú es de 45.6%. Se podría afirmar entonces que mientras mayor el nivel de informalidad de los países analizados –no solo debido a la baja productividad, sino también al bajo conocimiento financiero– mayor la vulnerabilidad de la población a los shocks externos, como de hecho lo estamos viviendo con el Covid-19.
El acceso al sistema financiero (ahorro, crédito, seguro, afp) es una herramienta potente para suavizar el consumo y enfrentar situaciones inesperadas. Pero requiere que el ciudadano cuente con las competencias financieras necesarias, y que los mercados sean competitivos en tarifas y creativos en el desarrollo de productos ad hoc a las necesidades de la población (en cobertura y modalidad de pago).
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