La crisis de institucionalidad

Las crisis de institucionalidad democrática se manifiestan cuando se pierde el equilibrio entre la política y el derecho, también por el desbalance producido entre la natural crispación dentro del parlamento y las reglas del fair play que moderan la conducta en el pleno. Se trata de momentos y circunstancias límite que pueden surgir por diferentes causas. Por ejemplo, un cuestionado y poco transparente proceso electoral, el financiamiento ilegal a los candidatos que derivan en su falta de legitimidad (justo título para el mando); también una polémica interpretación de los instrumentos de exigencia de responsabilidad política contra la representación parlamentaria (modernos golpes de Estado), medios de comunicación parcializados (vicios en la libertad de información). Pero la más grave son las fallas de origen en una comunidad política, cuando le cuesta sostener la continuidad democrática en el tiempo limitándose a breves "primaveras constitucionales". Es decir, cuando temporalmente se respetan las elecciones libres, la alternancia política y los derechos fundamentales pero con una alta fragilidad, como levantar un edificio sin pensar los cimientos, esperar que un algarrobo crezca sin raíces profundas donde encontrar agua.

El Perú es uno de esos países de la región al que le cuesta madurar para que sus instituciones se afiancen y consoliden con el tiempo. En el derecho constitucional comparado ello depende del grado de sensibilidad de la ciudadanía en el marco de una cultura de libertades, bajo un gobierno que las sabe respetar. Cuando la ciudadanía reconoce y distingue a los candidatos presidenciales realistas, surgidos de la sociedad civil organizada, que sepan comunicar e ilusionar con sus propuestas de campaña, de aquéllos sólo populistas o de confrontación al sistema y la clase política, que promueven la crispación resumida en una frase: "a río revuelto, ganancia de pescadores".

Si a lo anterior agregamos que un presidente de la República puede ejercer el cargo jurando ante el Congreso por una Constitución no vigente (28 de julio 2006), o por otra que no existe (28 de julio 2021), en plena asunción de mando; cuando la sociedad no es capaz de indignarse por la forma cómo se gobierna o componen gabinetes, a la vez de una serie de actos irregulares en el ejercicio del cargo que no se condicen con lo política y jurídicamente correcto en un jefe de Estado, sumado a una judicialización de la política con tentáculos en el sistema de administración de justicia que forma parte de las armas del gobierno de turno contra sus opositores, sin contar con un novísimo ejército de influencers en las redes sociales financiados con nuestros impuestos, además de operadores políticos que fungen de periodistas y organismos no gubernamentales con capacidad de “poner en jaque” a gobiernos no alineados con su agenda política y propuesta de altos funcionarios en el sector público.

La crisis de institucionalidad permanente se explica como parte de una estructura que controla gobiernos por dentro y fuera de su administración, confirma la idea que el ejercicio del poder no es estático sino dinámico, pues ocupa los espacios vacíos que encuentra a su paso. Se trata de una realidad meta estatal donde la democracia es viable en tanto juegue en favor de sus intereses. En el Perú republicano la fórmula fue la misma, lo que han cambiado son sus actores y patrocinadores.