Interrogantes en caso Gasoducto Sur Peruano

Uno de los casos más trajinados en los medios de comunicación ha sido el del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Abundantes adjetivos y cifras que se han intensificado desde hace algo más de dos meses, a raíz de una publicación del portal “convoca.pe”, que tomó como fuente a periodistas ecuatorianos que forman parte del Consejo Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El informe de “convoca.pe” contiene una lista de seudónimos con montos dinerarios y referencias de proyectos que habían sido adjudicados al conglomerado de empresas que manejaba en Perú Odebrecht S.A., entre los que se encontraba el GSP. Se asumía que eran pagos ilícitos.

Situación complicada para la empresa brasileña, pues tiene una expectativa de cobranza del arbitraje en curso en el CIADI, presentado por Enagás, miembro del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP) que integraban Odebrecht Latinvest S.A. (55%), Enagas S.A. (25%) y Graña y Montero S.A.A. (20%). La pretensión es por US$ 1,980 millones. La Espada de Damocles, está sobre ellos, dado que en el contrato de concesión entre CGSP y el Estado peruano tiene una cláusula anticorrupción, con la que se podría dar por finalizado el contrato a la fecha de la firma, que implicaría que el proceso arbitral se trunque y las expectativas de cobranza se esfumen

Un horizonte de investigación de más de ocho años

La investigación del caso GSP debe comprender un horizonte temporal que empieza en septiembre del 2008 y culmina en enero 2017. Esto significa investigar dos procesos de concesión: Gasoducto Sur Andino (GSA), otorgado en septiembre del 2008 (RS-040-2008-EM) y culminado en noviembre del 2014 (RS-079-2014-EM), y el GSP, iniciado en febrero del 2013 y culminado con la resolución del contrato en enero del 2017, por incumplimiento del cierre financiero.

Es importante esta aclaración, pues cuando se habla de reconocimiento de actos de corrupción hay que precisar a cuál de los procesos (GSA o GSP) se están refiriendo. En el caso del GSA no hay cláusula anticorrupción, y la carta fianza de fiel cumplimiento por US$ 66.7 millones fue devuelta con la culminación del contrato respectivo. En el caso del GSP, sí existe cláusula anticorrupción y hay proceso arbitral en el CIADI, por US$ 1,980 millones.

La confusión creada por el fiscal Vela

El 9 de agosto, tres días después del interrogatorio a Jorge Barata, el fiscal Rafael Vela declaró, en RPP, que el interrogado había reconocido pagos ilícitos en el GSP, aunque se reservó nombres de beneficiarios. La afirmación fue desmentida por una publicación del 23 de agosto, del diario La República, mediante artículo de su columnista César Romero, “citando fuentes cercanas a la constructora brasileña”. El mismo día Canal N, citando a “fuentes del canal”, negaron la negación de Barata, a nombre del “equipo especial” Lava Jato. Guerra de fuentes, sin que exista versión oficial.

La colaboración eficaz de los Graña

El pasado 25 de agosto el fiscal José Domingo Pérez retrocedió en el pedido de prisión preventiva que había solicitado para José y Hernando Graña, bajo el argumento de que se habían acogido a la colaboración eficaz en el caso GSP. Más confusión a la reseñada. Hay una interrogante inevitable ¿qué pueden referir los señores Graña sobre el caso, cuando ellos no participaron en la firma del contrato? El proceso empezó en febrero del 2013 y el contrato fue firmado en julio del 2014; la empresa Graña y Montero ingresó al CGSP en setiembre del 2015.

Demasiado cabo suelto que amerita que el “equipo especial” aclare.