Informalidad y el sistema de salud pública

En la entrega anterior planteamos que idear y aplicar una política pública destinada a reducir los ratios de informalidad en el Perú —de 75% a 40%— podría constituirse en el eje de otras varias reformas estructurales. Obras que requerimos para mejorar de la calidad de los servicios de salud pública, que hoy realmente presenta serias deficiencias de forma transversal e intersectorial: Minsa, Essalud y el sistema de salud militar-policial.

Sin duda, frente a una enfermedad todos somos iguales; pero algunos estarán en mejores condiciones de enfrentarla, considerando por ejemplo las capacidades económicas. Pero quienes no cuentan con ella requieren la intervención del Estado. Para el caso que nos ocupa, esta obligación del Estado engloba a buena parte de las personas que se encuentran bajo el lastre de la informalidad.

El aspecto que debe atacarse para la solución de las graves deficiencias que presenta el sistema de salud pública tiene relación con la segmentación de estos servicios y sus consecuentes ineficiencias. Debido a ello, varios países que han emprendido reformas registran, como punto de partida, la integración en la provisión de los servicios de salud. Sin embargo, en nuestro país emprender una reforma de este tipo significa no solo el empleo de recursos económicos sino también humanos, así como reformas legislativas de gran espectro, por lo que podrían originarse fallos.

Por ello proponemos la necesidad de emprender un programa piloto o de primera etapa, que se vincule a la compra de medicamentos y equipamiento médico de forma centralizada para todos los servicios públicos de salud. Coincidimos con las propuestas planteadas por la Comisión de Protección Social (CPS) en los aspectos de fondo, pero en la forma de llevar a cabo algunos componentes de la reforma, planteamos diferencias.

Al evaluar la salud pública, la CPS precisa que “la propuesta presenta la necesidad de una reforma del financiamiento del sector salud, que permita ahorros de recursos por la mayor eficiencia administrativa, así como mejores resultados sanitarios”. Si vemos el caso español, Álvaro Hidalgo Vega precisa que “el problema del Estado con relación a la calidad y la eficacia en la prestación del servicio de salud es su severa incapacidad de reducir las triplicidades y cuadruplicidades administrativas”. Por ello, las prestaciones de los servicios de salud pública deben considerar la eficacia y la calidad, ligadas al cumplimiento de los estándares, menor costo, sostenibilidad y estabilidad en el tiempo, considerando como eje fundamental que el diagnóstico y el tratamiento sean oportunos para generar los resultados previstos.

Los especialistas, la academia y los organismos internacionales coinciden en que los servicios privados de salud han logrado un gran avance en el tema de la calidad de los servicios; contrariamente, los servicios de salud pública han retrocedido. Bajo esta premisa señalan de forma clara y contundente que el sector público debe buscar mecanismos para incorporar las mejores prácticas que se han desarrollado en el sector privado de la salud, como ha ocurrido en España con el hospital de Alcira en Valencia. Este es uno de los aspectos que no se recoge en el informe de la CPS.

La CPS plantea como uno de los ejes centrales para articular la reforma de salud la creación del Fondo Único, que centralizaría los aspectos vinculados al financiamiento de la salud pública. Coincidimos plenamente, pero insistimos en que la reforma debe darse por etapas. La experiencia señala que las reformas de gran profundidad presentan mayores resistencias.

Por ejemplo, podría considerarse el inicio de la reforma con la compra centralizada de medicinas que involucre al Minsa, Essalud y al sistema militar-policial, logrando significativas eficiencias para todos los subsectores del sistema de salud. Incluso estas mejoras pueden darse con la concurrencia del sector privado para capturar su experiencia. El tema de provisión de medicamentos es absolutamente crítico. Los establecimientos de salud pública registran en sus alrededores farmacias que ofertan gran cantidad de medicamentos que debería proveer el Estado. Este primer avance de concentración puede ser el cimiento de la arquitectura administrativa centralizada que plantea la CPS para la reforma del sistema de salud.

En función de los recursos asignados y las necesidades de equipamiento y medicamentos que se requieran en los diversos establecimientos de salud pública, el concepto fundamental sobre el cual debe girar la medición de la mejora de la eficacia y de la calidad de estos dos componentes, debe ser el de disponibilidad. El objetivo es lograr una disponibilidad de medicamentos y equipamientos no menor al 95% en los diversos establecimientos de salud en un periodo determinado.

En base a estas experiencias deberemos pasar a otras. Como atención primaria, en la que se registra un desbalance absoluto de 80% en atención de hospitales y 20% en servicios primarios. Debemos procurar alcanzar los niveles de Chile, Colombia y Costa Rica, cuya asignación de recursos en promedio es del 45% en atención primaria.

Esta debe ser nuestra apuesta. Seguiremos pensando en las necesidades más urgentes de nuestro país, y esperamos que el Poder Ejecutivo se sume a la iniciativa. Solo así se podrá emprender una reforma integral de los diversos aspectos que envuelven a la informalidad.