Informalidad: no hay rumbo

El país ha tenido un crecimiento de 2.5% en el 2017, menor al 3.5% proyectado al inicio de dicho año y aun menor al 2.8% proyectado a mitad del mismo, post El Niño costero. Esta situación ha determinado que se presente un grave retroceso en el empleo formal, persistente desde el 2014, con el consecuente incremento galopante de la informalidad laboral y económica. Sin lugar a equivocarme, la informalidad laboral y económica es el problema estructural más grave que atraviesa nuestro país en su historia reciente, siendo de similar dimensión a lo que representó la incorporación de los aborígenes en el escenario de la identidad nacional a inicios de la República —conforme lo plantearon lo liberales criollos—, el latifundio en el periodo 1950-1980 o la gran crisis de económica del periodo 1980-2000.

Se trata de una crisis estructural y transversal, pero no existe ningún planteamiento de política de Estado que tenga un enfoque multidimensional para atender este gran problema que aqueja a nuestro país. Debe ser transversal en la medida que tiene vinculación directa con otros problemas que aquejan al país, lo cual viene generando un espacio de enorme inequidad entre aquellos pocos que están incorporados en el sector formal —con los beneficios que derivan de esto— y quienes se encuentran inmersos en el sector informal.

Para poder emplear a toda la PEA que se incorpora cada año al mercado —300,000 jóvenes en promedio— se requiere de un crecimiento económico no menor al 4% del PBI; sin considerar a los compatriotas que ya son parte de la informalidad y que actualmente ya superan el 75% de la PEA, mayor al 73% de hace dos años. En este escenario, la política del Estado sobre este aspecto puede constituirse en el eje para una política integral que afronte otros aspectos como la rigidez laboral, la deficiente prestación de los servicios de salud, el problema de la educación técnica y superior, el acceso al financiamiento por parte de la mypes —en especial para el sector agrícola y de servicios—, los aspectos tributarios, el acceso a tecnologías para las mypes, entre otros. Algunos de estos están vinculados directamente a la mejora de la competitividad, en la que nuestro país presenta un rezago muy evidente, lo que se ha constituido en el mayor problema para incorporar a las mypes a la formalidad.

Estoy convencida de que una política transversal es la única forma de lograr un escenario que nos permita un real avance para hacer retroceder la informalidad. Una evidencia de que las políticas aisladas no funcionan lo tenemos con el régimen tributario para las mypes —impulsado en la gestión del ex ministro Thorne—, que hoy se busca derogar desde el Poder Ejecutivo, por el problema que ha generado a la caja fiscal. La necesidad de implementar una política de Estado con el alcance que indicamos fue planteada en este mismo portal hace un año, precisando que se requería de la creación de una Autoridad de Formalización, tomando como base la estructura inicial del Consejo Nacional para la Competitividad.

En próximas entregas abordaré cómo se pueden implementar políticas en los temas vinculados a la informalidad, reseñados previamente, en procura de lograr las premisas para una política de Estado en los términos que venimos planteando de manera insistente, como el acceso a un servicio óptimo de salud pública.

Si las personas – naturales y jurídicas- a las se busca incorporar a la formalidad no evidencian ninguna mejora en los servicios que reciben del Estado, entonces no tienen ningún incentivo para acceder a la formalidad. Por ello debe ejecutarse una política integral de una sola velocidad que genere la convicción y la evidencia a los actores del mercado informal de que la formalidad presenta beneficios tangibles y muy superiores a mantenerse en la informalidad.