Indispensable monitoreo de los conflictos sociales

La conflictividad social en el Perú se ha ido agudizando desde finales de los años noventa, centrada principalmente en el sector minero-energético y asociada a temas medioambientales y a la disponibilidad de agua para la agricultura y ganadería. Por la ubicación de los proyectos, se ha focalizado en las regiones, y su escalamiento a Lima no ha prosperado. Por eso el ciudadano capitalino está desinformado totalmente o solo medianamente informado, conoce someramente el origen del problema y ve al protestante provinciano como un extremista. Visión miope, no percibe que se está incubando un descontento que va llegando a las ciudades y que puede desencadenar en hechos violentos y no controlables por las autoridades. 

Lo ocurrido en Ecuador y Chile han tenido como catalizadores los incrementos de precios. En el caso ecuatoriano fue una subida de la gasolina que colocaba el precio del combustible 40% por debajo de lo que pagamos los peruanos. El producto final ha sido que el gobierno tuvo que migrar de Quito a Guayaquil y ha tenido que retroceder en la medida, quedando en una estabilidad precaria. En Chile, el alza del precio del pasaje en metro ha convertido la capital en un polvorín y la protesta ha llegado a niveles inimaginables, ha pasado por encima de carabineros y efectivos del ejército. Es claro que las medidas alcistas han sido el motivo para que salgan a flote una serie de frustraciones subyacentes.

En nuestro país aún no se percibe, a nivel capitalino, una algarada de las magnitudes reseñadas de Chile y Ecuador. Pero debe tenerse bien claro que, en Arequipa, por el caso Tía María; en Cajamarca por Michiquillay y La Granja; en el corredor minero (que comprende distritos de Apurímac, Cusco y Arequipa), por Las Bambas; las cosas pueden llegar a mayores. El gran reto, es que los proyectos mineros no se paralicen. Los necesitamos para no seguir cayendo en las tasas de crecimiento de la economía.

Para evitar que las cosas aquí lleguen a ese nivel de descontrol, corresponde que las oficinas de conflictos de los ministerios de Energía y Minas, Agricultura, Ambiente e Inclusión Social, así como la Autoridad Nacional del Agua, trabajen en equipo con el Viceministerio de Gobernanza Territorial (VMGT), que es el gran coordinador del Estado en los temas de conflictos sociales. A su vez, deben estar permanentemente asistidos por el Ministerio del Interior (Mininter), no solo para control de desmanes, sino para que informen sus reportes de inteligencia.

Hay cuatro problemas que identifico: 1) no hay coordinación efectiva entre los ministerios y el VMGT, cada uno quiere llevarse el crédito de la solución; 2) hay demasiada rotación en las tres secretarías dependientes del VMGT, que son las operativas de campo; 3) la poca o ninguna dedicación de los premieres que han pasado por la cartera, para involucrarse en los temas, según los reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo y de la propia Presidencia del Consejo de Ministros (la cantidad de conflictos es del orden de 180) y 4) la deficiente labor de inteligencia del Mininter, cuando es imprescindible la identificación de los violentistas, que no solo son locales, sino que vienen de canteras venezolanas, como ha ocurrido en Chile y Ecuador. No se puede ser enemigo de la protesta, pero sí de la violencia que impide el libre tránsito y que atenta contra la propiedad estatal y privada.

Compete requerir, a través de los medios de comunicación, que las oficinas encargadas de conflictos actúen de manera oportuna y permanente. Será la única vía para evitar que haya desmanes descontrolados.