Inacciones ministeriales en el sector electricidad

Hace menos de una semana el Ministerio de Energía y Minas (Minem) realizó la prepublicación de un decreto supremo relacionado a la fijación del precio del gas natural (GN) para las transacciones en el mercado spot (MS) de electricidad, estableciendo un plazo de siete días calendarios para recibir comentarios y aportes de la ciudadanía. 

Dos son los puntos que sorprenden: 1) que el Minem decide hacerse a un lado y dejar que el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico (COES) proponga, que el Osinergmin apruebe y que el Minem solo publique, una abdicación vergonzosa de sus funciones; y 2) que su supuesta celeridad para recibir apreciaciones no se condice con los 165 días, que es el plazo que se dan para que el proceso culmine. De no haber prórrogas, estarían pronunciándose después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Queda claro que han calculado los tiempos para no tomar ninguna decisión, o tomarla en un momento que pase desapercibida.

Mientras esto ocurra, en el MS las hidroeléctricas estatales –Electroperú, Egasa, Egemsa y San Gabán– seguirán vendiendo su energía no contratada, a precio vil, siendo el Estado el perjudicado, tanto por el lado del Fondo Consolidado de Reservas (fondo de los pensionistas estatales) como del holding Fonafe, cuyos resultados son usados anualmente como ingresos en el Presupuesto General de la República.

La indolencia de los funcionarios que transitan por las dependencias ministeriales no es nueva, viene desde el 2016, cuando iniciaron sus operaciones operación las centrales hidroeléctricas de Cerro El Águila y Chaglla, en un momento en que la demanda de electricidad no crecía como se esperaba en proyecciones del año 2011, generándose un excedente de oferta inédito en nuestro mercado de electricidad. 

En ese escenario y con la legislación vigente sobre la formación de precios en el MS, que correspondía al año 2000 (no pensada en una situación de exceso de oferta) era de esperar que el precio de este mercado se desplomase, tal como ocurrió. De US$ 21.41 por megavatiohora (MWH) del 2016, se pasó a US$ 9.53 por MWH en el 2017. Ni en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ni en el Minem se preguntaron qué ocurriría con la energía de las hidroeléctricas del Estado que no tenían contrato.

Ante la inacción estatal, las tres principales termoeléctricas –Engie, Kallpa y Enel Generación Perú– cuya participación en el mercado permitía completar el abastecimiento de la demanda, y que a la vez fijaban el precio del MS, tomaron los excedentes y se fueron a la caza de clientes libres (consumidores con demanda superior a 0.20 MW), a los que ofrecieron precios muy atractivos para que abandonasen a sus proveedores habituales. Tomaban la energía a US$ 9.53 por MWH y la ofrecían a precios que iban desde US$ 20 a US$ 45 por MWH, cuando el valor de mercado era del orden de US$ 55 por MWH, generando migración y aparición de nuevos clientes libres. 

Las cifras del año 2019 son elocuentes. Las tres empresas mencionadas retiraron energía del MS en términos netos (ingresos-egresos) por 6,079 Gigavatioshora (GWH), a un precio medio de US$ 8.91 por MWH, de los cuales 2,907 GWH fueron de las hidroeléctricas estatales. 

El Minem y el MEF, debieron ver dos aspectos: 1) revisar la normativa del MS y ver si se condecía con la realidad, tema que hoy el Minem esquiva, y 2) ir en la búsqueda de contratos de venta de energía a precios de US$ 20 a US$ 45 por MWH, como lo hacían los privados, en lugar de recibir US$ 8.91 por MWH. Tremendo perjuicio por desidia que aún permanece sin voluntad de enmienda.