¿Ha retornado el absolutismo?

Los debates políticos suelen desatar pasiones. Pero la supremacía de una opinión respecto de otra se basa finalmente en el principio de la realidad. Lo que presenciamos en la actualidad no es más que la expresión de dicha confrontación llevada al terreno judicial, más allá de la existencia de indicios razonables. Por un lado, tenemos a quienes consideran que el mercado debe ser regulado por el Estado para alcanzar lo que denominan condiciones adecuadas para el establecimiento de la gobernabilidad y la justicia social; es decir, el grupo de personas que, por alguna u otra razón, arriban a la conducción del Estado se constituyen en la parte que sabe, determina e impone qué es lo más conveniente para el conjunto de la sociedad. En otras palabras: “Yo sé lo que es bueno para ti y por eso debes seguir mi iluminación”. La soberbia del absolutismo imperial parecería estar de retorno.

Pero, ¿qué es el mercado? Es el conjunto de miembros de la sociedad que se organizan libremente para concederse mutuamente beneficios recíprocos. Por ejemplo, la economía peruana es considerada una de las más informales. ¿Se deberá la informalidad a que un grupo de personas decide emplearse libremente por debajo del salario mínimo vital, a sabiendas de la normatividad existente? ¿O la causa será la insuficiente oferta de empleos? Las normas no configuran la realidad; todo lo contrario, son las normas las que deben reflejar la realidad existente.

Y, ¿qué es la gobernabilidad? La construcción de relaciones de orden social basadas en la costumbre, las que permiten el reconocimiento legítimo de la autoridad. El mantenimiento del orden público se debe a la interiorización en cada uno de los miembros de la sociedad de los potenciales beneficios que este representa para la generación de bienestar social.

En cambio, la justicia social, muchas veces enarbolada por la acción política, es hecha jirones. Se apela a ella para llamar la atención, pero los agentes políticos nunca saben definir con propiedad lo que constituiría un estado de justicia social. La razón es que el concepto es dinámico, evoluciona con el tiempo, y todo aquello que se le añade se supone que tendrá una concreción en la realidad, en lugar de solo una expresión de buena voluntad.

En la otra orilla tenemos a quienes consideran que el mercado (la sociedad interactuando libremente) se autorregula a sí mismo si se otorgan los estímulos adecuados para que haya competencia. El concepto referido a la responsabilidad corporativa de las empresas ha registrado manifestaciones concretas, y no solo discursivas, de haber alcanzado logros en lo económico, en lo ambiental y en lo social. Y al margen de la participación del Estado.

Algunos ejemplos: fue la empresa privada y no el Estado la que descubrió el gas de Camisea; también desarrolló el proyecto, convirtiendo al Perú en uno de los países con la energía más competitiva de la región; y cambió la matriz energética, reduciendo el consumo de combustibles fósiles que tienen un mayor impacto ambiental. Asimismo, Camisea ha hecho que millones de compatriotas mejoren su calidad de vida al acceder al gas natural, para sus hogares o medios de transporte. En pocas palabras, favorable impacto ambiental, social y económico.

Una cosa es anhelar que el Estado coordine el interés de los agentes económicos con la finalidad de establecer sinergias entre ellos, y en beneficio del conjunto de la sociedad, y otra pretender el resurgimiento de un Estado que todo lo sabe y todo lo decide. La diferencia entre regular y coordinar es que lo primero siempre tendrá la pretensión de imponer su voluntad a su real saber y entender. En tanto que coordinar es convocar a los agentes económicos para incentivar una acción común a la que deciden libremente acceder.

Algo similar podría decirse respecto de la rápida ampliación de los servicios de telecomunicaciones, la extensión de la frontera eléctrica, etc., una vez que el Estado, consciente de sus limitaciones, decide dejar en libertad a los agentes económicos. Podemos imaginar cuánta mejora se habría alcanzado en los servicios sociales si se hubiese abierto a la competencia la salud, la educación y el saneamiento, entre otros.