Gas natural: las coincidencias de Castillo y Boluarte

Las gestiones de Dina Boluarte y Pedro Castillo tienen coincidencias que quienes defienden el establishment a nombre de la “gobernabilidad” no quieren admitir. No solo son las suspicacias sobre actos reñidos con la moral sino también la defensa a ultranza de propuestas legislativas, como es el caso de la llamada “Ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural”. 

La ley ha sido aprobada en dos oportunidades en el Congreso, y observada en ambos casos por el Ejecutivo, la primera vez en julio del 2022 por Pedro Castillo y la segunda en diciembre del 2023 por Dina Boluarte. Las autógrafas tratan tres temas: masificación, mecanismo de compensación y la creación de una Agencia de Inventario de Combustibles. 

El tema en discordia es el mecanismo de compensación del costo del gas natural (GN), que según el Ejecutivo tiene que alcanzar a los grandes consumidores, mientras que las aprobaciones del Legislativo comprenden a los domicilios y las pymes. La unidad de medida es el consumo mensual, en el primer caso 900,000 metros cúbicos (Mm3), mientras que en el segundo, hasta 50 Mm3. 

La compensación consiste en disminuir el costo a los consumidores de las regiones que están a cargo de la colombiana Quavii (Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash) y de la endeudada Petroperú (Arequipa, Moquegua y Tacna), que heredó la concesión luego del retiro de la española Naturgy. 

Para financiar el beneficio se utilizará el Fondo de Inclusión Social Energética (FISE), cuya recaudación anual con cargo al consumidor es del orden de 211 millones de dólares (MMUS$), que ya tienen cinco destinos de subsidio. La norma señala que de resultar insuficientes los recursos, que es lo que va a ocurrir, se efectuará un cargo en el transporte de GN de la selva sur a Lima, que termina incrementando las tarifas eléctricas. Es evidente que a más subsidiados mayor impacto tarifario al consumidor eléctrico.

Los concesionarios de las regiones que serían los beneficiarios, de incluirse a los consumidores de 900 Mm3 mensuales, justifican su posición, que comparten con el desacreditado gobierno de Dina Boluarte, diciendo que de no incluirlos no será posible incrementar el número de conexiones domiciliarias. Es más, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, ha lanzado la apocalíptica afirmación de que las regiones tendrán que esperar 20 años más para contar con GN. 

Quiero recordar algunos hechos trascendentes para los hoy desmemoriados o recién conversos a la industria. Cuando se otorgan las concesiones en julio del 2013 a los hoy airados reclamantes y se comprometieron con 150,000 conexiones para el norte y 64,000 conexiones para el sur; ya existían comercializadores que podían licuar GN en Lima, y llevarlos como gas comprimido o licuado a los clientes comerciales e industriales de sus zonas de concesión. 

Las reglas de juego cuando se licitó eran que habría coexistencia de distribuidores por redes y comercializadores de gas virtual. En esas circunstancia Quavii (Gases del Pacifico en el 2013) y Naturgy se adjudicaron las concesiones en un extraño concurso, donde hubo perdedores cruzados: los del norte ganaron en el sur, y los que aquí perdieron ganaron en el norte, hecho que se desoyó en su momento, pero que vale la pena recordar. 

A la firma de los contratos para ejercer la distribución, la monserga del mecanismo de compensación, subsidio cruzado en buen romance, no se mencionó y el sentencioso anuncio de que los consumidores en las regiones tendrían que esperar las calendas griegas, no se mencionó.

Lo que hoy están pretendiendo los quejosos es cambiar las condiciones originales con la que se adjudicaron los contratos. Antes eso se hacía vía adenda, pero como la palabra está proscrita por el caso Lavajato, ahora se edulcora bajo la aureola de “masificación del gas”. Demagogia del más alto calibre. No es la primera vez que lo intentan, vienen insistiendo desde el primer semestre del 2017, cuando con menos delicadeza pretendieron hacerlo con un decreto supremo que abortó en la prepublicación por indecoroso.