Estrategias y relaciones comunitarias (II)

Urge encontrar un nuevo modelo de prevención de conflictos socioambientales

Una semana atrás urgimos la necesidad de una estrategia política de las empresas extractivas en sus relaciones con las comunidades, que sean ejecutadas por operadores con capacidad para plantear alternativas consistentes, abriendo discusiones con el mismo derecho y fuerza que un opositor ideológico.

El objetivo es encontrar un nuevo modelo de prevención de los conflictos socio-ambientales construyendo un rompecabezas en el que no falten piezas. Este modelo debe incluir -como repetimos- lo político sin desmedro de lo técnico y viceversa, pero  sobre todo una pieza fundamental en la visión de este nuevo modelo: el reconocimiento del “otro” como ciudadano.

Hace algunos meses el ex-jefe de la Oficina de Prevención de Conflictos de la PCM Vladimiro Huaroc señaló el éxito del modelo de gestión de los recursos naturales, sobre todo del agua, para mejorar la convivencia y las relaciones entre las comunidades y las empresas extractivas y reducir los conflictos a su mínima expresión. Eso no es tan cierto. Lo que no se tenía en cuenta –o quizá sí- es que el 2014 fue un año de agitación política en las regiones debido a la configuración de las fuerzas locales con miras a las elecciones regionales de ese año. Como una externalidad del modelo económico, el incremento del presupuesto público ha elevado también la participación política. Así, las fuerzas políticas locales fijaron posición primero en un solo frente, soslayando temporalmente las protestas ambientales. Inclusive en ese escenario de relativa calma la propuesta del modelo exitoso desde la PCM no orientó la búsqueda de una relación más horizontal, más ciudadana, entre las comunidades campesinas, amazónicas – nativas y las empresas extractivas.

El reconocimiento del “otro” como ciudadano, según Thomas H Marshall, parte de las dimensiones de la ciudadanía. Existe una ciudadanía civil (propiedades y contrato), ciudadanía política (participación electoral y partidos) y una ciudadanía social (bienestar). En nuestro país la primera no está cubierta. La propiedad es parte de la esquizofrenia jurídica desde la colonia. Las comunidades campesinas y amazónicas-nativas no son dueñas del subsuelo donde se encuentra la riqueza. Un nuevo modelo debe estar sujeto a un pacto en el que el estado y las empresas extractivas reconozcan la propiedad de esta riqueza y  las comunidades participen de ella con plenos derechos y deberes. Solo así las comunidades podrán ser socias en la explotación de los recursos.

Si el modelo económico  -que ha generado beneficio aún a pesar de todos los dispares y problemas del Perú e inclusive contra la oposición radical de grupos de izquierda que venden relatos obsoletos- se mantiene en pie es porque ese espíritu de generación de riqueza supera los límites de la política y ha coincidido con las fuerzas progresistas que hay en las regiones y que esperan un atisbo para liberarse. Lo que falta es un modelo de estado e instituciones que arreglen a través de reformas la enmarañada red de deficiencias heredadas, como por ejemplo los derechos de propiedad.

El nuevo modelo de prevención de conflictos debe ir más allá. Debe emanar de un nuevo pacto entre los ciudadanos y el estado. Las empresas extractivas tendrían así un “socio” que las defienda y no un “beneficiario” que las repele.

Por Iván Arenas
22 - Abr - 2015