¿Estamos preparados para enfrentar a los enemigos de la sociedad?

A inicios de los años noventa, se estrenó una película protagonizada por Sylvester Stallone y Wesley Snipes, donde este último interpretaba a Simon Phoenix, un despiadado criminal y secuestrador. Tras ser capturado por John Spartan (Stallone) en medio de una operación que dejó muchas víctimas inocentes, ambos son condenados a una “prisión criogénica” para ser congelados. Treinta y seis años después, Phoenix es descongelado para una audiencia de libertad condicional, durante la cual escapa y vuelve a sembrar el terror en las calles de una sociedad futurista (año 2032), incapaz de controlarlo.

La trama de esta película de ciencia ficción podría parecer exagerada, pero si salvamos las distancias, muchas de las circunstancias que vive hoy el Perú parecen haber llegado a niveles similares de descontrol. La delincuencia ha desbordado a tal punto que da la impresión de que la Policía Nacional del Perú (PNP) no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar a los enemigos del Estado y la población.

No se trata de calificar a la PNP como una institución débil o de tildar a sus agentes de incapaces. Sin embargo, es evidente que parecen no tener las herramientas necesarias para combatir eficazmente a los delincuentes. O peor aún, que disponen únicamente de los recursos para librar una batalla de baja intensidad, mientras el armamento y la logística requeridos para igualar la contienda permanecen almacenados o en manos equivocadas.

La problemática no se reduce únicamente al desempeño policial. Aunque se adoptaran medidas al estilo "John Spartan" y contáramos con la mejor legislación, el problema central radica en un grave déficit en el desempeño de muchos operadores de justicia, como fiscales y jueces. A diario parece que el sistema judicial trabaja más a favor de los delincuentes que en defensa de los ciudadanos de bien.

Esta percepción, además de estar generalizada, debe revertirse con urgencia. La sociedad necesita sentir que los enemigos del Estado o de la ciudadanía tienen derechos limitados como consecuencia de su conducta criminal. Para lograrlo, las autoridades deben demostrar que son capaces de generar esa sensación de seguridad y justicia. No podemos permitirnos que, al atrapar a un extorsionador, secuestrador, sicario, asaltante o traficante, estos regresen a las calles más rápido que cualquier famoso televisivo.

Siempre estamos en busca de mejorar el sistema, proponiendo nuevas leyes y reformas que creemos serán más eficaces. Sin embargo, no somos capaces de admitir que, por muy perfectas que sean estas normas, no sirven de nada si los encargados de aplicarlas no están técnica y moralmente preparados para hacerlo en beneficio de la sociedad.

Tener la mejor legislación contra el crimen organizado, el terrorismo, la corrupción o el narcotráfico, sin operadores jurídicos competentes, es como intentar obtener el 100% de rendimiento de un smartphone sin conexión a internet, o utilizar inteligencia artificial sin ingresar correctamente los datos.

Para combatir y reducir la criminalidad, no basta con contar con leyes y una policía bien equipada. También es necesario que todos los operadores del sistema estén enfocados y comprometidos a actuar con criterio amplio en defensa de los ciudadanos. Solo así se podrá limitar al mínimo la liberación de los enemigos de la sociedad y asegurar que reciban las penas que realmente merecen.