Empresas quieren manejar política energética peruana

La influencia del gas natural en el suministro de energía al consumidor final es altísima, como gas distribuido en redes y como combustible de termoeléctricas cubren el 21% de la demanda nacional expresada en unidades de energía (Terajoules). Las empresas operadoras en producción de campo, transporte y distribución, tienen experiencia, capacidad técnica, económica, financiera y peso mediático y político. 

La contraparte de las empresas es el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que desde el 2021 viene experimentando sus peores momentos, con capitostes sin conocimiento ni autoridad para dictar la política que se debe seguir, lo que es aprovechado por los operadores que, en base a titulares mediáticos y lobby parlamentario presionan para poner la agenda de acuerdo a sus intereses. 

Hoy, la pauta que se pretende imponer es la construcción de un ducto de transporte de gas costero, que parte en el distrito de Humay, en la provincia de Pisco, para llegar hasta Mollendo e Ilo, donde se ubican las termoeléctricas de Puerto Bravo y Nodo Energético del Puerto de Ilo. La pretensión es que se otorgue la concesión a solicitud de parte, que está permitida en la legislación. 

La racionalidad económica del trazo citado existe, y era obvio que por monto de inversión su viabilidad era más ventajosa que el cacareado por este gobierno, Sistema Integrado de Transporte de Gas del Sur (Sitgas). 

Siendo lo afirmado una obviedad, desde hace tres años se han gastado recursos del Estado y tiempo de dedicación de funcionarios de Proinversión, insistiendo en estructurar una asociación pública privada para construir un sistema de transporte, que partiendo de la provincia de la Convención en Cusco, atraviese los Andes y arribe a la costa sur del país. 

Mi cuestionamiento no está en el terreno económico sino en una serie de interrogantes de carácter técnico no resueltas y que el Minem debería explicar al país, pero que no se da ni por enterado, más bien actúa de corifeo de las empresas privadas. 

Empiezo por el suministro de GN. Hace 10 años, Pluspetrol, operador de los yacimientos del lote 88 (Camisea), nos decía que no había la cantidad suficiente de reservas para garantizar la operación por 30 años de un gasoducto. Ahora se nos dice que las reservas solo alcanzarán para 15 años, entonces la pregunta es ¿cómo se interesa una empresa en construir un ducto en esas condiciones?

Se comienza a difundir a media voz, que habría reservas en el lote 88, a mayor profundidad que la de los pozos actuales, horizontes profundos le llaman, y aquí el tema es que hace años se hace campaña que en estas condiciones la regalía a pagar debería ser la mínima exigida por ley, que es de 5%. Eso significaría tener producción con regalías de 37.24% y 5%. ¿Conoce algo de esto el Minem y Perupetro?

Otra de las interrogantes es sobre la capacidad de transporte en el tramo de selva (200 Km aproximadamente), teniendo en cuenta la demanda del mercado interno y la operación de la planta de licuación de Pampa Melchorita a plena carga. 

En este tramo selvático del ducto se tiene solo una capacidad para 100 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de GN. El ducto costero propuesto sería para 500 MMPCD, lo que significa que se requiere una ampliación, ¿el transportista TGP hará este aumento de capacidad a su riesgo y costo?

Finalmente, tenemos el caso de la Planta de Separación en Malvinas (Cusco), que permite separar el GN de los líquidos del gas natural (LGN), que tiene una capacidad para procesar 1,600 MMPCD, que con las demandas existentes se llega a 1,400 MMPCD, es decir que solo hay un espacio para 200 MMPCD.

Estando proyectado el ducto costero para 500 MMPCD, también se necesitará ampliación, que en este caso estaría a cargo del consorcio Camisea, operado por Pluspetrol, ¿estarán dispuestos a hacerlo con sus recursos?

Si el Minem no tiene claro la manera como manejar la respuesta a estas interrogantes, no puede entregar una concesión de transporte costero a simple solicitud de parte.