El sector minero-energético en el Gabinete Cateriano

El sector minero-energético es intensivo en uso de capital por la elevada cuantía requerida para el desarrollo de grandes proyectos, que son los que contribuyen significativamente al PBI, tanto en la etapa constructiva como en la operativa. Y la principal fuente es la inversión extranjera directa (IED). Al cierre del 2019 el stock de IED en el sector –es decir, aquella que ha quedado en el país y que no es capital especulativo– ascendió a US$ 9,470 millones, que representó el 46% del total. Resulta indudable su importancia.

Los inversionistas evalúan la calificación riesgo país, que tiene incidencia en el costo de crédito, y el riesgo en el relacionamiento social y el liderazgo de las autoridades que conducen el sector. Estas autoridades deben ser capaces de solucionar las dificultades de toda índole que se suelen presentar en los grandes proyectos.

En el caso del riesgo país, a pesar de toda la catástrofe económica que estamos viviendo, las calificadoras de riesgo aún tienen confianza en nuestra capacidad de pago para endeudamiento en dólares. Tanto Fitch & Rating, Standard & Poor’s y Moody’s nos han mantenido en la misma posición, BBB+ para las dos primeras y Baa1, para la tercera.

Sobre el relacionamiento social, aún hay serias dudas. Los diversos fracasos por conflictos en proyectos como Tambo Grande, Conga y Tía María son pésimos antecedentes.

Finalmente, en cuanto a la capacidad de gestión de las diversas carteras relacionadas a la inversión, evalúan al Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio del Ambiente (Minam), Ministerio de Justicia (Minjus), Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La evaluación tendrá en cuenta que es un gobierno que está en el último año de mandato y con un proceso electoral en ciernes. Lo que esperan, en estas circunstancias, es que no se agrave la situación actual, como mínimo; y que se allane el camino para una buena gestión del siguiente Gobierno, como máximo.

El designado ministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde Llosa, viene de trabajar en áreas de relacionamiento social, como Cofopri y la Defensoría del Pueblo. En ellas ha sido un mando medio, y su conocimiento del sector parece escaso. Poco o nada podemos esperar. Aprenderá algo si dura hasta el final del mandato.

Por el lado del Minam, la ministra Kirla Echegaray Alfaro tiene experiencia en puestos de carácter administrativo en el Estado. Recientemente se ha desempeñado como secretaria general de dicho ministerio. No es una especialista en medioambiente. Todo indica que a su antecesora, Fabiola Muñoz, le ha pasado factura su prédica a favor del Tratado de Escazú. 

Por el lado del Minjus, muy ligado a temas de carácter jurídico del Estado, sobre todo en litigios internacionales relacionados a temas medioambientales y derechos humanos, la nueva titular, Ana Neyra Zegarra, tiene una carrera similar a la de su par en el Minam, pero dentro del ámbito de la justicia.

En Cancillería, el embajador Mario López Chávarry sí es un conocedor de su profesión. Y dado que se ha desempeñado en áreas de carácter económico, pondrá paños fríos a aquellos tratados que puedan ocasionar temores a los empresarios. Escazú nuevamente está presente.

Por el lado de la PCM, todo dependerá de a quién se designe viceministro de Gobernanza Territorial, en cuya área se encuentra la Oficina de Gestión Social y Diálogo, encargada de liderar la posición gubernamental en conflictos sociales. El mejor escenario es que al menos no se permita avanzar a quienes se oponen a las industrias extractivas

En resumen, no se espera avance alguno en el ámbito minero-energético.