¡El que no la debe, no la teme!

La confrontación de estos últimos días entre la mayoría del Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación puede acarrear lamentables consecuencias para nuestra democracia, si es que no se impone la cordura y el buen juicio en la solución de este conflicto, debido a una posible acusación Constitucional planteada contra el fiscal de la Nación, Dr. Pablo Sánchez Navarro.

La mayoría parlamentaria, constituida por 73 congresistas de Fuerza Popular, acusa a Pablo Sánchez de inconducta funcional al no haber abierto proceso contra las empresas Graña y Montero, JJ Camet y otras que han sido socias de las corruptas Odebrecht y OAS, en la ejecución de una serie de megaproyectos que por un valor mayor a US$ 55,000 millones se ejecutaron en el país: La mayoría de estos proyectos estaban sobrevalorados y fueron abandonados inconclusos, como la carretera Interoceánica, el Hospital Antonio Lorena del Cusco y el tramo de la Costa Verde que debería unir Chorrillos con el Callao.

Asimismo, se le acusa a Sánchez Navarro de haber ocultado audios de las conversaciones de Ollanta Humala —sobre el caso Madre Mía— cuando le tocó ver ese tema en su calidad de fiscal; de actuar con displicencia en el caso Ecoteva, contra Alejandro Toledo; y de no iniciar —hasta la fecha— una investigación sobre la responsabilidad penal de centenares de funcionarios públicos y ex ministros de Estado en el escándalo Odebrecht.

Si bien es cierto que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, constitucionalmente sus miembros, desde el fiscal de la Nación hasta el de menor rango, están obligados a comparecer ante el Congreso, si este poder del Estado los requiere, para que rindan cuentas sobre los procedimientos jurídicos que realizan en defensa del interés nacional. En el Perú nadie tiene corona ni goza de inmunidad si se trata de salvaguardar los recursos de la Nación.

La Acusación Constitucional contra Pablo Sánchez no es nueva, ni atenta contra la estabilidad jurídica del país. Es un proceso democrático y legítimo que fue aplicado con anteriores fiscales de la Nación, algunos de los cuales recibieron penas privativas de la libertad. Como Blanca Nélida Colán, condenada a diez años de prisión y a una indemnización de dos millones de soles, por enriquecimiento ilícito, omisión de funciones y encubrimiento procesal en favor de Vladimiro Montesinos.

Otro caso emblemático fue el de Miguel Aljovín, a quien se le acusó de no cumplir con investigar el patrimonio de Montesinos, omisión de funciones y cohecho propio. La Fiscalía pidió para él seis años de prisión y la Corte Suprema ordenó su captura, que no se efectivizó porque pasó a la clandestinidad hasta el día de su muerte en una clínica local.

Otro antecedente que no habla bien de los fiscales de la Nación es el de José Peláez Bardales, a quien un colaborador eficaz acusó de haber recibido US$ 100,000 en el 2013 para que archive las investigaciones contra el ex gobernador de Pasco Klever Meléndez. También lo acusaron de encubrir a César Álvarez, el siniestro ex gobernador de Ancash, por el caso de la “Centralita de Chimbote” y por la remoción de varios fiscales que se “atrevieron” a investigar la corrupción en dicha región.

Por último, su antecesor, Carlos Ramos Heredia, fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura, acusado de abuso de autoridad al tramitar irregularmente una denuncia del ex congresista Heriberto Benítez —hoy abogado de Alejandro Toledo—, quien pidió sanción contra cuatro fiscales que allanaron la “Centralita en Chimbote” en busca de pruebas contra César Álvarez, hoy preso en Piedras Gordas.

En todos estos casos se obró de acuerdo a ley y no hubo ningún atentado contra la democracia. Por ello, Pablo Sánchez debe someterse a los requerimientos del Congreso y aclarar lo que sea necesario. “El que no la debe, no la teme”. Por el contrario, si el fiscal de la Nación sale bien librado, reforzará su autoridad, porque de esa manera demostrará que ha actuado con transparencia y en defensa de los intereses del Estado. Y no como sus antecesores, cuyos antecedentes no hablan bien de ellos y son pésimos, por donde se le mire.

 

Carlos Arnillas Denegri