¡El pueblo quiere saber la verdad!

Las acusaciones constitucionales planteadas por dos parlamentarios contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el preocupante silencio del Ministerio Público sobre las investigaciones que se vienen desarrollando en torno al caso Lava Jato, que alcanzan a ex presidentes y altos funcionarios públicos, vienen generando un peligroso enfrentamiento de insospechadas repercusiones políticas para el país.

Las acusaciones de Daniel Salaverry, representante de Fuerza Popular, y de la parlamentaria Yeni Vilcatoma cuestionan el accionar del fiscal de la Nación en el caso Odebrecht. Le reprochan no haber dispuesto la inclusión en las investigaciones a la Constructora Graña y Montero, JJ Camet y a otras empresas nacionales, asociadas al consorcio brasileño, poniendo en peligro el futuro pago de una reparación civil en favor del Estado, por los daños económicos y sociales causados por contratos sobrevalorados y dolosos ejecutados en el Perú.

La tensa situación mantiene enfrentados al Poder Ejecutivo y a la primera mayoría del Congreso. Mientras tanto, la izquierda y el resto de las fuerzas antidemocráticas se frotan las manos, esperando una autodestrucción de los partidos promercado, que lograron las dos primeras mayorías en las últimas elecciones.

Esta crisis, evidentemente, ha sido provocada por la lentitud del accionar del Ministerio Público en sus investigaciones, y porque mantiene en reserva —bajo siete llaves— las declaraciones de Odebrecht y de otros implicados, pese a las promesas de que estas se harían públicas en junio pasado. Esto ha generado una ola de rumores y conjeturas dañinas para nuestra débil democracia.

Pablo Sánchez dijo, recientemente, que las empresas socias de Odebrecht sí están siendo investigadas; tal afirmación fue inmediatamente desmentida por la propia Graña y Montero mediante dos comunicados, dejando al fiscal de la Nación en condición de mentiroso. A esto se suma la actitud interesada de un sector de la prensa, encabezada por los conglomerados noticiosos del Grupo El Comercio y La República, que dan como hechos consumados los rumores que se vierten en torno a la responsabilidad o inocencia de varios políticos, con un claro aprovechamiento político de la situación.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dice no haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña electoral, y niega haber sido asesor de esa empresa. Marcelo Odebrecht, en cambio, afirma que contrataron a PPK después de haber sido ministro de Economía de Alejandro Toledo, “para curar las heridas”. Así mismo, el hecho de conformar junto a Jorge Barata, José Graña Miró Quesada y Jorge Camet la junta directiva de la ONG Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural, grafica aún más su cercanía con Odebrecht. Esta situación hace incómoda la posición del Gobierno, que se ve agravada por el silencio de los fiscales que viajaron a Curitiba para interrogar al dueño de la empresa brasileña.

Por ello, negar hoy la responsabilidad del fiscal de la Nación en este estado de cosas resultaría absurdo. Hay omisión de funciones, negligencia y hasta aprovechamiento político para manejar la situación con criterios que no responden a la justicia, sino a otros intereses difíciles de entender.

Todos los involucrados claman inocencia. Los medios de comunicación, en lugar de buscar la verdad, actúan en favor de unos y en contra de otros. Hay un gran sancochado político con el que la opinión pública está harta, lo que se ve reflejado en las encuestas.

El Perú quiere saber la verdad. Hay casos de corrupción comprobada, como los de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes —como se ha demostrado documentadamente— recibieron millonarios aportes de Odebrecht y probablemente del Gobierno venezolano. Así mismo el caso de Alejandro Toledo, quien fue receptor de una coima de US$ 20 millones. Sin embargo, ambos casos están congelados o “adormecidos” por la justicia que, sospechosamente, está abriendo nuevos frentes de investigación sin concluir los anteriores.

Los medios de comunicación tienen la obligación de publicar la verdad de los hechos por respeto a la opinión pública. Y los jueces y fiscales están en la obligación moral y legal de proporcionar información fidedigna, que evite se tejan rumores y versiones antojadizas que solo destruyen honras ajenas y desconciertan a un pueblo que se siente decepcionado por el accionar de sus autoridades. ¡El pueblo quiere saber la verdad!