El nuevo contrato social

Desde hace dos décadas y media el Perú ha transitado por el ordenamiento de la sociedad a través del mercado, de sus espacios de socialización y de dispositivos tecnológicos vinculados a ella (léase televisión y radio). Hubo impulso desde el Estado, pero no ha sido suficiente. Actualmente, como consecuencia de ello, vivimos una permanente desconfianza entre los peruanos y peruanas, y de estos hacia el Estado. Vivimos una política de la desconfianza que se traduce en el antivoto o en el “votemos por el mal menor” (y no una despolitización, como señalan algunos analistas). Vale decir, la reacción frente a la proposición.

¿Qué hacer frente a este escenario? La clase política necesita devolver la confianza a la sociedad. El país necesita cambiar la desconfianza por el involucramiento en los asuntos públicos planificando, ejecutando y monitoreando los problemas públicos que nos aquejan diariamente; sobre todo en estos tiempos de pandemia y posteriormente a ella. Institucionalizar la confianza –como se hizo Chile cuando miles de estudiantes de colegios y universidades salieron a las calles–, fortaleciendo los espacios de participación ciudadana.

La sospecha cotidiana entre los peruanos y peruanas, y de estos hacia los funcionarios públicos, debe traducirse en corresponsabilidad. Varias encuestas nos afirman que el Perú en general está cansado de tanta inseguridad, de la falta de empleo, de tanto canibalismo político y del mercantilismo de varios integrantes de nuestra clase política. Es imperativo, para cambiar todo esto, que el Estado juegue un rol importante para devolver la política a la sociedad peruana, que no es otra cosa que involucramiento en los asuntos públicos. 

Se necesita representatividad y gobernabilidad, como sostuvo Carlos Meléndez (El Comercio, 10/10/2015). De esa manera se otorga sentido a lo que parece caótico, a la falta de autoridad y al dinero sucio en política, que se afianzaron en el Perú –durante mucho tiempo– con el modelo de usura y mercantilista. 

El eje de la campaña electoral que se avecina el 2021 debe tener como prioridad un nuevo contrato social para superar las desigualdades sociales aún existentes en el país.