El 2025 será un año de definiciones en sector Energía

Se ha cerrado el 2024 con una victoria significativa de la promoción de las energías renovables, luego de tres años de confrontación contra la resistencia de los fósiles, y se iniciará el 2025 con una agenda de pendientes bastante complicada por las presiones de los grupos de interés, tanto de privados como de la estatal Petroperú.

Uno de los temas más reclamados con altisonancia por la concentración gasífera colombiana de la distribución de gas natural (GN) y sus voceros, en coincidencia con Dina Boluarte, es la llamada masificación del GN, que promete incrementar el tendido de más redes y conexiones domiciliares. 

Lo que no dicen los masificadores es que no será con sus recursos, sino con los recaudados del consumidor vía el FISE (Fondo de Inclusión Social Energética) y la exigua caja fiscal. Pero no solo eso, van por más, no quieren la competencia de los comercializadores y piden que con los recursos del FISE se financie a sus grandes consumidores y quedarse solos en el negocio. 

La decisión de este despropósito está en manos del Congreso, donde ya hay un dictamen para votar por insistencia una ley, dos veces observada por el Ejecutivo, que beneficia al consumidor domiciliario y pymes. 

Otro tema que se ha vuelto a poner en agenda y que es de exclusiva responsabilidad de los gestores del Ministerio de Energía y Minas (Minem) es la publicación del reglamento de la generación distribuida; es decir, la producción de electricidad RER en las ciudades. Han pasado 18 años de una ley (28832) no se reglamenta, es evidente que ha habido presiones para que se ponga la reglamentación en coma inducido. 

La cosa no queda allí, la distribuidora de GN de Lima y Callao, ha solicitado al Minem que se le otorgue la concesión de siete regiones a dedo, algo que edulcoradamente llaman “otorgamiento por solicitud de parte”. 

Nuevamente aquí se piensa masificar con recursos del FISE y caja fiscal, por lo que lo apropiado es que el Estado licite la operación, y que no vengan con el cuento en el Minem de que así se puede avanzar más rápido, un facilismo injustificable.

Siguiendo el tema del GN, se tiene la propuesta del transportista de Camisea-Lima para que se le otorgue la concesión de un ducto costero desde Pisco a Ilo, con el compromiso de una renovación anticipada del contrato de concesión del poliducto y gasoducto actuales. Aquí hay demasiados temas por evaluar en términos económicos, una tarea que corresponde al Minem.

Por el lado estatal también hay presiones que le pueden costar el puesto al actual presidente de directorio de Perupetro, José Mantilla, que está llevando un proceso de competencia para otorgar los contratos de licencia de explotación y exploración de los lotes I, VI y Z-69. Desde Petroperú se exige que los lotes sigan en manos de ellos, y su presidente de directorio, Alejandro Narváez, ha manifestado que tiene el respaldo presidencial. 

Por su parte el conciliador titular del Minem, Jorge Montero, sostiene la posición de que el concurso de los lotes debe continuar pero que los privados lleven como socio a Petroperú. Esto deviene en que el privado recorte sus compromisos de inversión por tener un socio pasivo que no aportará capital. Lo ideal es que la petrolera estatal negocie libremente su participación con una empresa privada. 

Para cerrar, en el Ejecutivo tienen que ponerse de acuerdo sobre el manejo de la actividad exploratoria de hidrocarburos en Parques y Reservas Nacionales, que a estas alturas se está manejando con mucha ligereza. Un ejemplo es la Cuenca Madre de Dios, donde se han delimitado tres áreas por parte de Perupetro, las que comprenden al Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata-Candamo. 

La presión para que se tomen decisiones en el gobierno en estos temas tiene que ver con que iniciamos un año en el que se hará campaña para elecciones generales, siendo el resultado incierto. Para los operadores es preferible tener un contrato para que luego pueda pedirse una renegociación, a no saber si se podrán cerrar acuerdos con el nuevo gobierno que asuma el 2026.