Dictadura constitucional

No me sorprende la bendición del Tribunal Constitucional (TC) al golpe de Vizcarra. No era una cuestión jurídica sino política. La Constitución es clara en que los ministros solo pueden pedir cuestión de confianza por tareas propias de su gestión. Obviamente no pueden hacerlo por materias propias del Congreso. Pero esto ya había ocurrido antes, cuando se pidió confianza por cambios a la Constitución, y el Congreso lo dejó pasar, sentando un precedente funesto. 

Está claro también que nadie en el Congreso tiene la potestad de cambiar la agenda del pleno, y menos un ministro que se mete al pleno por la ventana. Y por último, es ridículo que el presidente interprete que se le ha negado fácticamente la confianza porque no atendieron su capricho en el instante mismo en que lo pidió. Todo eso fue una payasada deplorable, propia de una opereta de teatro popular. Pero así es como funciona el Perú.

Por último, es absurdo que el presidente por sí mismo interprete una “negación fáctica” a la confianza que le corresponde al premier en su condición de ministro, y se apresure a disolver el Congreso sin que el Consejo de Ministros haya sido convocado y reunido para analizar el pedido de confianza y tomar una decisión consensuada que conste en actas. Nada de eso ocurrió. Lo que demuestra que la disolución del Congreso fue una criollada desesperada cuyo único fin fue evitar el cambio de los miembros del Tribunal Constitucional. Ahora estos le han devuelto la gentileza al dictador. Eso es todo. El resto es demagogia barata para bobos.

Claro que esta maniobra política no fue urdida por Vizcarra. Él solo fue el ejecutor. Carece de la inteligencia, el valor y los intereses políticos que hacen falta para diseñar una campaña larga y sostenida de demolición de un Congreso incómodo a ciertos poderes fácticos. Antes del asalto final de Vizcarra, el Congreso ya había sido demolido sistemáticamente por una prensa venenosa que inventó los más alucinantes cargos contra el Congreso, como crear la imagen falsa de un Congreso obstruccionista o de un Congreso que blinda a la corrupción. Todo fue parte de un montaje bien orquestado por una mafia que no da la cara.

La pregunta es qué sigue ahora. No me refiero al show de las nuevas elecciones para elegir a un Congreso que sin duda será el peor de la historia. Eso es lo de menos. Me refiero al siguiente movimiento de la caviarada en su guerra sin cuartel contra el fujimorismo. Porque lo único que hemos estado viendo en este país en los últimos tres o cuatro años son capítulos de la serie nacional llamada “El antifujimorismo nunca muere”. 

Si hacemos un recuento rápido podemos empezar con la guerra sucia contra Keiko para hacerle perder las elecciones mediante un fraude mediático, acusándola de narcotraficante y montando el show del “narcoestado” días antes de las elecciones. Luego vino la guerra total contra el Congreso y la persecución fiscal contra Keiko y Fuerza Popular, con la consigna de encarcelarla y desmantelar su partido. Y por si esto fuera poco, procedieron a amedrentar a todos los empresarios que osaron aportar a la campaña de Fuerza Popular. Ahora se aprestan a corregir la falla del TC al liberarla, y sin duda la devolverán a la cárcel en breve.

Entretanto, eliminaron el indulto de Alberto Fujimori para regresarlo a prisión. Luego le quitaron la gracia presidencial para ponerlo en la mira de los fiscales que, de inmediato, lo llevarán a juicio, una vez más, repitiendo la felonía legal de la “autoría mediata” por haber sido jefe supremo de las FF.AA. Lo que quieren es asegurarse de que Alberto Fujimori muera en la cárcel, que Keiko Fujimori deje de hacer política y que nadie en este país se atreva a financiar jamás al fujimorismo. Lo que persigue la caviarada es liquidar al fujimorismo definitivamente y hacer realidad el sueño que empezó con la Comisión de la Verdad y Reconciliación: que la izquierda recupere su sitial y que sus verdugos terminen bajo tierra. 

Por eso me dan risa los sesudos análisis jurídicos de la resolución del Tribunal Constitucional que sacraliza una burda maniobra inconstitucional para mantener el poder de la caviarada.