Deudores de banca de consumo son objetivo electoral

La deuda de las personas naturales ha estado en la agenda política desde el inicio del estado de emergencia decretado por el Gobierno a mediados de marzo pasado. La iniciativa se tomó desde Palacio, donde Martín Vizcarra anunció que el Ejecutivo evalúa medidas para postergar las obligaciones con las entidades del sistema financiero (ESF) durante la etapa de aislamiento.

En el Congreso, ni cortos ni perezosos, diversos legisladores plantearon proyectos de ley que iban desde congelar intereses hasta condonarlos, generando la reacción inmediata de las ESF, con el liderazgo de la Asociación de Bancos (Asoban), que tildó las medidas propuestas como populistas. El tema desata pasiones y escozores. Estamos hablando de 3.5 millones de deudores y una deuda de S/ 52,000 millones a nivel de crédito de consumo. Además de una atractiva tasa de interés para los prestamistas, que es del orden del 40% anual en promedio ponderado.

Mientras la discusión iba escalando de tono en los últimos seis meses, el Gobierno, ensimismado en sus demonios internos, dejó de hablar del tema y las calificadoras de riesgo –que hasta marzo habían alabado la solidez del sistema financiero peruano, justificando su permanencia en la calificación otorgada con una perspectiva positiva– empezaron a retroceder en su percepción. A finales de abril, Fitch & Rating, cambió la perspectiva a negativa; en julio hizo lo mismo Standard & Poor. Y también acaba de hacerlo Moody´s.

El cambio de perspectiva se entiende como una clarinada de alerta que, de persistir la situación que lo ha originado, puede conducir a la disminución de la calificación de riesgo, lo que trae aparejado un incremento del costo del dinero con el que se fondean los bancos, el que será trasladado a los que toman los créditos. Las razones del cambio de perspectiva están en la visión que tienen las calificadoras sobre el riesgo de incumplimiento por parte de los deudores. El origen está en la caída del PBI, el tiempo que puede conllevar la recuperación al nivel del 2019 y el desempleo, que según la OIT es del orden del 50% de la población económicamente activa.

Ayer Martín Vizcarra anunció que se plantearán medidas en plazo perentorio, para aliviar las tribulaciones crediticias de las personas. El alargue de plazos es insuficiente, se necesita disminuir el costo del crédito; es decir, un plan tipo Reactiva, pero para personas naturales. Pero aquí hay que ser extremadamente cuidadosos si se otorgan garantías estatales. No todos los deudores (en total 3.5 millones de personas) pueden ser elegibles. El quid será determinar cuáles y cuántos lo son, y qué hacer con los que no alcancen el beneficio. Aquí hay un gran problema social en ciernes.

En un período electoral como el ya iniciado, la masa crítica de deudores de banca de consumo es una oportunidad para el proselitismo de aspirantes a la presidencia y a curules en el Congreso. Hay que hacer docencia en los electores sobre las promesas desmesuradas.

Aún no hay un pronóstico del incremento de la morosidad. El propio vocero de Moody´s –que ha sido la última calificadora en cambiar las perspectivas de los bancos, de estable a negativo– se ha negado a aventurar una cifra. Hay cálculos que pueden darnos un panorama más certero, como los del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero, que publica la Superintendencia de Banca y Seguros, que se espera sea actualizado. El actual data de noviembre del 2019.

La situación es sumamente complicada para los deudores y el sistema crediticio. No estamos para admitir tropelías en las medidas que se tomen.