Desmitifiquemos el financiamiento electoral

El próximo 5 de noviembre se cierra una de las elecciones presidenciales más polarizadas de los Estados Unidos de América (EE. UU.). Y fuera de las preferencias que puedan existir en favor de uno u otro candidato, personalmente me sorprenden los niveles de transparencia con los que se manejan las aportaciones en favor de los partidos más representativos de dicho sistema democrático.

Efectivamente, en EE. UU. las aportaciones de capital para efecto de las campañas electorales son bastante abiertas; siendo que prácticamente la única limitación para la entrega de fondos en favor de uno u otro partido, el que se indique de manera transparente quién y cuánto aportó a cada partido. De hecho, las fórmulas de entrega son tan variadas y sinceras que, incluso mientras se desarrolla la campaña, se venden plazas para participar de eventos con los candidatos, en los que dependiendo del pago a realizar –con precios prefijados–, se pueden sentar cerca, tener una foto con el político, o simplemente ser partícipe de la cita correspondiente.

A contramano de lo señalado en el párrafo anterior en el Perú tenemos una la Ley de partidos políticos que, en lugar de buscar el sinceramiento del financiamiento de los partidos, establece límite, trabas y restricciones absolutamente ridículas y complicadas, que solo generan el efecto contrario al que supuestamente busca la norma. 

De acuerdo con lo señalado por algunos analistas, las democracias occidentales tienen como “problema”, el que las personas/empresas que tienen mayor poder económico, podrían financiar de manera desproporcionada una determinada orientación política, tras lo cual las ideas de quienes no tienen tantos “auspiciadores” no mantendrían una contienda “igualitaria” y con ello pierden la oportunidad de representación.

Lo más contradictorio de todo el cuento de la regulación en pro de igualdad, es que la Ley de partidos políticos, premia a todos los partidos con representación congresal con “el equivalente al 0.1% de la UIT (S/5.15) por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso”. Es decir, que la Ley premia al “partido más popular” con los impuestos de todos, a razón de S/ 1.00 por año, por voto, dando pie, a que una parte los impuestos de quienes más pagan, puedan terminar financiando las actividades proselitistas o ideológicas de sus más grandes adversarios. Y esto último no solo es un absurdo, sino además un despropósito por el que solo se ahuyenta aún más a la inversión.

No creo que ninguna minera, ni ningún otro inversionista esté contento con observar que sus impuestos directa o indirectamente financian partidos como Perú Libre o solventan fugas como la de Cerrón. Lo que corresponde hacer a nuestros congresistas es derogar la norma o al menos modificarla para que se elimine el financiamiento estatal, y asimismo exigir la transparencia absoluta del origen de los fondos con auditoría permanente, bajo pena de ser procesados por evasión, y fraude con penas de cárcel efectiva.

La única prohibición debe ser la de hacer donaciones anónimas, de tal manera. No solo se corta directamente el financiamiento de posibles enemigos del sistema o la libertad, también sabremos a quienes llega el apoyo de regímenes externos. Y además sabremos quién es quién, quienes posiblemente lavan dinero y a quienes se les debe favores durante cada campaña. 

Nuestros políticos y “líderes de opinión” deben reconocer que una liberación de aportes (personales o corporativos) derrumba el mito de que las empresas “compran” o condicionan políticos, pues si desde el inicio sabemos a quién deben la curul, todos podremos estar atentos cuando las propuestas legislativas resultan excesivamente ventajosas o desmedidas. Del mismo modo, los financistas de determinados sectores, también sabrán claramente a quienes se enfrentan, sobre todo cuando puede tratarse de oenegés extranjeras que, directa o indirectamente, intentan oponerse a sus intereses.

Con esto, nos ahorramos juicios ridículos como el caso cócteles. Y de antemano conoceremos las fuentes de dinero de cuestionables candidatos como Humala y otros más que posiblemente también son financiados desde otras latitudes.