(Des)Ilusión con los plebiscitos (II)

El pueblo chileno habló. Simplemente no quieren una nueva constitución. El hartazgo de los ciudadanos se manifestó el pasado 17 de diciembre. La constitución de Pinochet del año 1980 (con las reformas de 2005) seguirá siendo la constitución vigente en el vecino país. Irónicamente el presidente izquierdista Gabriel Boric no tuvo otra opción que anunciar que con este segundo intento de referéndum el proceso constitucional se cae. Para enojo de la izquierda (que pretende vender este rechazo como una derrota de la derecha) terminó apoyando el “rechazo” a la nueva constitución, así que de cierto modo estuvieron respaldando la constitución que tanto decían odiar. 

Ahora vayamos a un plano expresamente jurídico ¿Por qué esta nueva constitución representaba un obstáculo para el crecimiento de Chile? ¿Cuáles son los errores e inconsistencias que se pueden encontrar en este nuevo borrador? Veamos algunos ejemplos de por qué este nuevo borrador sigue siendo igual de mediocre que el que presentó la izquierda:

• ARTÍCULO 2.2: La ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. A pesar de que se considera al señor Kast y sus partidarios como gente de derecha y muy conservadora, pareciera este artículo un calco del anterior borrador. Esa propuesta abre la puerta a que haya cuotas obligatorias de diversa índole para postular a cargos públicos, dejando de lado la meritocracia para priorizar a los subgrupos.

• ARTÍCULO 3: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Desde ya Chile se define como un estado social, el primer paso hacia la estadolatría y mención de derechos sociales y de instituciones estatales, que en manos de un gobierno como el de Boric, sería una máquina de despilfarrar dinero ya que estarían mal administradas, gestionadas y ejecutadas.

• ARTÍCULO 16.22: El Estado fomentará la actividad física y deportiva con el fin de mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Este artículo es bastante abierto y sujeto a diversas interpretaciones. Para algunos incentivar el deporte simplemente puede ser un anuncio publicitario en televisión o radio. Sin embargo, este artículo puede abrir la puerta para numerosos programas estatales de incentivo del deporte. Esto último significa un gasto mayor para el estado (dinero ineficientemente empleado y arrebatado a los contribuyentes) y una intromisión de éste en la vida de las personas.

• ARTÍCULO 16.23: El Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos sus niveles y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción, regulación y supervigilancia. El Estado deberá sostener y coordinar una red pluralista de establecimientos de educación de calidad en todos los niveles de enseñanza. Esto supone algo contradictorio, ya que en este borrador está siempre presente la defensa de la libertad de educación. Sin embargo, siendo realistas la educación pública está homogeneizada. La gran mayoría de profesores chilenos están sindicalizados en grupos de izquierda (que se dedican a hacer huelga y a ideologizar a los niños), hablar de educación pública y de calidad es un oxímoron considerando el factor humano que se dispone.

• ARTÍCULO 16.25: El Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura. Asimismo, fomentará la actividad cultural mediante distintos mecanismos de financiamiento, considerando la diversidad local y regional, y garantizando la debida pluralidad de visiones. Otro grave cuestionamiento a los asambleístas de un partido que es considerado “conservador”. De entre todas las fuerzas políticas el conservador es el que está más distante de ser un relativista moral. Para un verdadero conservador sí existen las verdades absolutas, estas implican reconocer que hay mejores culturas que otras. Impulsar todas las culturas a la vez implica malgasto, despilfarro y a la vez denostar una cultura superior en detrimento de una inferior. La pluralidad de visiones debe ser incentivada por la propia sociedad, no por el estado.

• ARTÍCULO 16.28: El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Está demostrado a través de la historia que las cotizaciones obligatorias desincentivan la creación de trabajo formal, bien pagado y con condiciones favorables tanto al empleador como al trabajador. Continuar con el perverso sistema de jubilaciones estatal por reparto implica rebajarse a una simple promesa. Esto se debe al hecho básico de que no se sabe si el sistema público de reparto o de pensiones podrá ofrecerles pensiones a los trabajadores que ahora están aportando y que en un futuro serán jubilados.

• ARTÍCULO 16.29: El Estado promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad con la ley. El Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. Que todos los ciudadanos gocen de una vivienda digna en la cual recibir parece un ideal muy noble. Sin embargo, la realidad nos demuestra que financiarlo a través del estado ofrece incentivos perversos al sector inmobiliario y al propio estado. No por nada la crisis económica estadounidense del 2008 fue producida debido a un miserable programa y legislación del demócrata Bill Clinton. Este nefasto programa promovido por los demócratas obligó a los bancos a otorgar préstamos hipotecarios y de vivienda a gente que no podía pagar, incentivando las moras y los impagos; y tarde o temprano la burbuja inmobiliaria explotó.

• ARTÍCULO 23.1: Solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Una simple ley es capaz de restringir o limitar el libre ejercicio de la voluntad de los individuos? Un gobierno con vocación autoritaria podría invocar este artículo para socavar las libertades de los individuos en cualquier momento.

• ARTÍCULO 207.3: La sustentabilidad supone que el desarrollo económico requiere el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Este artículo en teoría se mantuvo para armonizar los criterios constitucionales a los criterios de la OCDE, así como de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la agenda 2030. Objetivos tan ilusorios y utópicos que solo ocasionan despilfarro del dinero por parte de los gobiernos con tal de buscar aquellas absurdas metas.

Cómo han podido apreciar a través de este escueto análisis, la nueva propuesta de constitución no pasaba de ser una tibia propuesta socialdemócrata. Fue un malgasto de tiempo y dinero incentivar un proceso constituyente ilegítimo que buscaba reemplazar una de las mejores constituciones en América latina. La constitución responsable del crecimiento sin precedentes en la historia de nuestro continente iba a ser cambiada por mero capricho político de una minoría intransigente. Esperemos que estos sucesos nunca pasen en el Perú, ya que nuestro país merece algo mejor. Mucho mejor.