Crimen organizado, minería ilegal y narcotráfico

Al observar con asombro los acontecimientos en Medio Oriente y lo que sucede en la Fiscalía de la Nación en nuestro país —ambos casos marcados por la confrontación de intereses entre grupos poderosos— notamos que, en el primer escenario, se arrastra al mundo entero o al menos a las grandes potencias hacia un posible conflicto bélico con consecuencias globales (daños colaterales). En el segundo, se resquebraja la ya frágil democracia peruana, profundizando la desconfianza en los poderes del Estado.

Estos hechos, por su magnitud, capturan nuestra atención —y con razón— pero al hacerlo, terminamos restándole espacio a otras problemáticas igualmente graves que van echando raíces y que hoy sostienen buena parte de la inseguridad, violencia y sicariato que nos asfixian: hablamos del crimen organizado. Esta amenaza se caracteriza por el uso sistemático de la intimidación y la violencia cuando la amenaza no basta para alcanzar sus fines: lucrar con actividades ilícitas.

Las amenazas, el uso de la fuerza y la corrupción de funcionarios públicos son herramientas fundamentales para su supervivencia. El narcotráfico y la minería ilegal constituyen los pilares de estas actividades. Aunque el narcotráfico opera a lo largo de casi todo el territorio nacional, la minería ilegal se concentra principalmente en zonas de la Amazonía. Ambas, al igual que el sicariato, tienen ya un alcance internacional.

No debemos perder de vista que “el narcotraficante necesita al Estado para acceder al poder y reducir sus riesgos penales y judiciales”. El control del monopolio de la fuerza y, sobre todo, de la justicia, es clave para el crimen organizado. Por eso, no sorprenden las “alianzas” o compadrazgos entre miembros de algunos cárteles y autoridades: congresistas, jueces, fiscales e incluso altos funcionarios de sectores como agricultura o medio ambiente.

Estos grupos se afianzan en territorios donde el Estado demuestra su incapacidad, buscando apropiarse del uso exclusivo de la fuerza coercitiva y usurpando funciones públicas. Ejemplos recientes —aunque parciales— incluyen la provincia de Pataz, en La Libertad, donde la minería ilegal creció con la anuencia de empresas formales y la indiferencia del propio Estado; así como el auge del narcotráfico en las provincias de Putumayo y Ramón Castilla, en Loreto.

El asesinato de 13 trabajadores en una mina de Pataz modificó de manera sustancial la percepción y “compromiso” del gobierno respecto a la gravedad del problema. La indignación popular provocada por este crimen forzó la renuncia del entonces premier Adrianzén. Su caída fue consecuencia directa de la movilización convocada por gremios de transportistas y otras organizaciones sociales.

En este contexto, es comprensible la declaración —o ampliación— del estado de emergencia en Pataz, que ha permitido la intervención de la Fiscalía Especializada Transitoria en Materia Ambiental (FEMA) de La Libertad. Esta ha llevado a cabo operativos de interdicción contra la minería ilegal, con la reciente destrucción de campamentos, motores, maquinaria pesada, combustibles, explosivos, generadores eléctricos, paneles solares y otros equipos empleados en estas actividades ilícitas.

Por su parte, en las provincias mencionadas de Loreto, según informes de la Fiscalía, más del 70% de las comunidades están bajo control de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Son territorios dominados por mafias transnacionales que cuentan incluso con la protección de grupos armados brasileños, quienes resguardan laboratorios ilegales. Ante esta situación, la División de Operaciones del Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas gestionó la prórroga del estado de emergencia en esas provincias. Se ha dispuesto así que las Fuerzas Armadas mantengan el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, dado que continúan las operaciones de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), los cuales reúnen las condiciones para ser considerados grupos hostiles.

Si realmente nos interesa fortalecer la democracia, el Estado debe reconocer que las raíces de la inseguridad están en estos fenómenos y, en consecuencia, dar continuidad y firmeza a las estrategias que ya se vienen aplicando en regiones como La Libertad y Loreto. El crimen organizado transnacional requiere un freno sin precedentes.

No olvidemos que la recuperación económica —de interés nacional— está íntimamente ligada al crecimiento del sector minero. A mayor inversión formal, mayor empleo y mejores ingresos para el erario nacional, lo cual puede traducirse en soluciones concretas para la población. En esa línea, la minería ilegal debe ser incorporada al camino de la formalización y el desarrollo, mientras que el narcotráfico —aliado del terrorismo y la criminalidad— debe ser erradicado.