Constituciones liberales y conservadoras

La crisis entre los poderes Ejecutivo y Legislativo puede explicarse a través del viejo binomio de alternancia histórica producido por las constituciones liberales y conservadoras. Las primeras fueron fruto de las élites políticas intelectuales de la época, de formación francesa e inspiradas en la revolución de finales del siglo XVIII. Su espíritu quedó reflejado en un Congreso representativo unicameral como primer poder estatal; en cambio, las constituciones de rasgos conservadores aspiraban a la solidez del gobierno frente a los demás poderes, las cuáles fueron auspiciadas por los círculos castrenses que priorizaban el orden, más cercanas al pensamiento del ejército realista contra el proceso de emancipación.

Desde las primeras constituciones que siguieron y consolidaron nuestra independencia, hasta la Constitución de 1860 que diseñó un aparente equilibrio entre liberales y conservadores, el siglo XIX se caracterizó por la pugna entre ambas tendencias. En efecto, a nuestra primera Constitución de 1823, liberal, le sucedió la conservadora de 1826; luego se promulgó la liberal de 1828 y 1834, esta última derivada de la anterior, para al poco tiempo cambiarla por la conservadora de 1839 firmada en Huancayo tras el fallido proyecto de Confederación peruano-boliviana. Las constituciones de 1856 (con algunos rasgos conservadores) y la Carta de 1860 inician un equilibrio entre ambas tendencias con la formalización de la presidencia del Consejo de Ministros y la interpelación, punto inicial que derivó en el progresivo proceso de parlamentarización de nuestra forma de gobierno en las constituciones de 1867, 1920, 1933, 1979 y 1993, donde se incorporaron las preguntas, la moción de censura, cuestión de confianza y disolución parlamentaria.

En la actualidad observamos que la pugna sigue viva, pero se manifiesta de modo diferente y en dos etapas. La primera ha consistido en destruir por dentro a la Constitución de 1993, que ha regido para la elección democrática de cinco gobiernos consecutivos y amplia jurisprudencia, provocando un conjunto de recientes como lesivas reformas e interpretaciones que han terminado por afectar el equilibrio entre poderes en desmedro del Congreso, tornándose más conservadora y menos liberal. La no reelección inmediata de parlamentarios, luego la arbitraria disolución del Congreso, interpretar que la cuestión de confianza se interpone para "cualquier cosa" y que el jefe de Estado puede inferir que ha sido denegada fácticamente por el hemiciclo, produciendo un menoscabo en sus competencias y autonomía funcional para ejercerlas. La pugna entre liberales y conservadores sigue viva, sólo que ahora se ha producido a través de sendas reformas que han inclinado la balanza en favor del Ejecutivo a pesar que sus detractores políticos carecían de mayoría congresal. La segunda etapa busca echar la culpa a la Constitución de 1993 de los problemas económicos, sociales y políticos, entre estos últimos se atribuye la crisis en las relaciones ejecutivo-legislativo. Se cuestiona la obligada investidura del gabinete (artículo 130 CP), por un lado, e impedir la delimitación de la cuestión de confianza facultativa (artículo 132 CP), por otro. En ese sentido, si la convocatoria de una asamblea constituyente se consuma, no dudamos que será el paso final para extinguir en el mediano plazo cualquier oposición política bajo los principios y reglas constitucionales que conocemos. La razón de este diagnóstico se sustenta porque si los que gobiernan carecen de un real compromiso con la consolidación de la democracia en la región sudamericana, a raíz de lo que acontece en Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, menos respeto tendrán con los principios que la inspiran para reconocerlos en el estatuto que promocionan y pretenden aprobar por referéndum.