Constitución de 1993: orígenes y proyección

El Fondo Editorial del Congreso, que en la práctica cubre las falencias del Ministerio de Cultura en su tarea de difusor de la cultura, ha promovido y editado una obra colectiva en celebración de los 30 años de la Constitución de 1993, la cual contiene ensayos de varios de los constituyentes de aquella época y también de algunos versados constitucionalistas.

Como podemos observar, se difunde el contenido de dicha Ley de Leyes y se la llena de elogios. Un poco más y se le echa incienso y mirra, además de calificársele como obra fujimorista. Cierto es que es una buena Constitución, con virtudes y defectos como toda obra humana, pero es pertinente la oportunidad para hacer algunas precisiones respecto a sus orígenes como también a su proyección al futuro.

Tras el famoso golpe de Estado de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, los diputados y senadores que nos encontrábamos en la reunión de la Unión Interparlamentaria (también llamada usualmente el Parlamento Mundial) en Camerún, logramos la aprobación de una Declaración de dicha Entidad, condenando el golpe de Estado, pese a la oposición de la delegación del Japón.  Huelga cualquier explicación.

De Camerún, algunos ya exparlamentarios peruanos pasamos a París para gestionar apoyo de su Asamblea Nacional. En el Aeropuerto nos recibió el Embajador Hugo Palma al igual que en nuestro paso para Yaundé, sin hacer diferencias sobre si seguíamos siendo congresistas o no, actitud que siempre recordaré como modelo de comportamiento diplomático.

De Francia pasamos a Miami a fin de encontrarnos con Máximo San Román, quien había estado en isla caribeña en la Asamblea del BID. La idea era ir con él a Washington para gestionar el apoyo de la OEA ante el golpe de Estado. Fuimos a la OEA en una visita infructuosa en aquel momento, aunque encontramos a diversos embajadores peruanos acreditados en Estados Unidos, Canadá, ONU, OEA y algunos otros que teniendo rango de embajador eran cónsules generales del Perú en algunas importantes ciudades de esos países.

A diferencia de Hugo Palma, uno de aquellos embajadores pidió comprensión pues su labor era “profesional”. Mi respuesta fue: “No te preocupes fulanito, las meretrices también lo son”, aunque con término más duro.

El oficialismo de aquel entonces trató de justificar el golpe de Estado, acusando al Parlamento cesado de ser corrupto, cuando el único dinero que manejaba era el presupuesto del Congreso. También se le acusó de haber sido poco colaborador con el Poder Ejecutivo, pese a que se eligió para el primer año de función parlamentaria a dos congresistas de la bancada oficial, esto es Máximo San Román como presidente del Senado y a Víctor Paredes Guerra como presidente de la Cámara de Diputados. Además, se le otorgó al Ejecutivo facultades delegadas para muchísimos objetivos, incluso para emitir disposiciones legales para luchar contra el terrorismo y sancionar infinidad de códigos, solo faltando en plan de broma “el código de barras”. También se aprobó el presupuesto presentado por el Gobierno Central y se dieron las autorizaciones de viaje tramitadas por el presidente Fujimori.

La oposición de aquella época quedó huérfana de simpatía popular que vivaba a Fujimori, por lo que su tarea fue insistir en buscar apoyo externo para encontrar salida razonable a la crisis.  Para ver el caso peruano se convocó a la Asamblea de la OEA en Nassau, la que tuvo lugar el 18 de mayo de 1992 a la que concurrió el propio Fujimori con algunos de sus ministros y por la oposición, quien escribe estas notas acompañado de Pedro Cateriano Bellido, también desaforado del Parlamento.  Ambos tuvimos que hacer esfuerzo tras esfuerzo para presentarnos en la Asamblea y, dada la generosidad del diputado chileno Carlos Dupre, logramos ingresar con sus credenciales.

En los entretelones de dicha Asamblea de la OEA tuvieron destacada actuación en búsqueda de alguna salida conveniente para todos, el  entonces Secretario General de la Organización embajador Joao Baena Soares, así como quien fuera canciller uruguayo Héctor Gross Spiel, al igual que los ministros peruanos Carlos Boloña y Alberto Varillas. 

En contraste con las buenas actitudes para lograr consensos fue la actuación del canciller peruano Augusto Blacker Miller quien, sin tener los más elementales conocimientos diplomáticos, mal aconsejó a Fujimori, pues sin entender que los cancilleres de los otros países eran políticos y no diplomáticos denostó contra los políticos en general y, peor aún, su intervención en la Asamblea fue anterior a la de la oposición peruana que le replicó con hechos y consideraciones sustanciales.

La exposición de la oposición peruana, solo fue transmitida por Denis Vargas Marín de una radio nacional, lo que decía mucho de su calidad periodística en contraste con los demás medios, quienes acompañaron a Alberto Fujimori en el avión presidencial en su viaje a Nassau.

En Nassau se convino en que se convoque a una Asamblea Constituyente que apruebe una nueva Constitución para el Perú, ello por cierto innecesario, pero se trataba de una transacción política atendiendo a la adversa aceptación de la oposición política nacional.

Convocada que fue la Asamblea Constituyente con el nombre de Congreso Constituyente Democrático (CCD), Parlamento de ochenta miembros con el encargo de dictar una nueva Constitución, pese a que la de 1979 fue muy respetable, así como aprobar la legislación regular.

Algunas agrupaciones políticas aceptaron la convocatoria al CCD y participaron en las elecciones, mientras otros grupos políticos se abstuvieron de participar.  Quienes participaron querían recobrar presencia política, lo que era válido y racional, pero además evitar que la nueva carta fundamental tuviese normas inconvenientes.

En el debate de lo que es la Constitución de 1993, tuvieron destacadísima actitud el presidente de la Comisión Principal, esto es Carlos Torres y Torres Lara, así como el presidente del CC D Jaime Yoshiyama, quienes en todo momento buscaron consensos mediante diálogo y debates alturados.  La mayoría del articulado constitucional recibió voto favorable de gran parte de las bancadas representadas en el CCD, además de aportes sustantivos de todas ellas, por lo que es erróneo calificar a la Constitución de 1993 como Constitución fujimorista, los opositores a Fujimori no estábamos pintados en la pared. La actitud de la bancada fujimorista en los debates de la legislación regular, lamentablemente contrastó de la óptima alcanzada en el debate constitucional.

La Constitución de 1993, pese a la infinidad de enmiendas que ha tenido en el correr de algo más de tres décadas, sigue siendo una excelente Constitución y no hay motivo alguno para sustituirla por otra, siendo claro que solo puede ser modificada total o parcialmente con el procedimiento que señala el artículo 206 de ella, esto es votación calificada en dos legislaturas ordinarias sucesivas o votación mayoritaria en una sola legislatura ordinaria seguida de referéndum confirmatorio.

Debemos reconocer que, gracias al capítulo económico de la actual Constitución, el Perú creció en desarrollo e inversiones generadoras de puestos de trabajo, insistiendo en que tal capítulo debe mantenerse inexorablemente sin variaciones.  Si ha dado resultado, evidentemente no hay motivo para variarlo.

Por último, es destacable la actitud del actual Congreso, que pese a todos sus defectos ha logrado regresar a la bicameralidad, lo que se hará efectivo en el próximo proceso electoral del 2026. Entre la rapidez del trámite legislativo en el unicameralismo, frente a la seguridad jurídica del bicameralismo, optar por esto último es más que satisfactorio. Bien por ello.