Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana en el Perú

Encontrándonos en la segunda década del siglo XXI, en un entorno incierto y cambiante en el ámbito económico y geopolítico, las organizaciones deben adaptarse a los cambios. Y para hacerlo exitosamente deben contar con un clima de negocio, que les permita desarrollarse, invertir, fomentar la investigación en el desarrollo de nuevos productos o servicios para ser más competitivos en el mercado y cada vez más eficientes y eficaces.

Sin embargo, uno de los grandes problemas que enfrentan las organizaciones en el mundo es la creciente inseguridad ciudadana, que afecta al clima de negocios al generar sobrecostos a las organizaciones en temas de seguridad a todo nivel: instalaciones, recursos materiales, recursos humanos, medios informáticos, entre otros. También influyen negativamente en la conducta de los consumidores, al limitar la demanda de ciertos productos que consideren que sean potencialmente objeto de actos delincuenciales en sus diversas modalidades. Veamos cómo deberíamos enfrentar este flagelo en el Perú.

La inseguridad ciudadana es considerada uno de los mayores problemas del Perú. La lucha contra la inseguridad ciudadana en nuestro país es una tarea fundamental del Estado peruano, no solo para cumplir con su deber constitucional de mantener y salvaguardar el orden interno, sino también para crear un clima de confianza en la población y así evitar que se influya negativamente en los inversionistas. Debemos entender que la lucha contra la inseguridad ciudadana parte por enfrentar a la corrupción y contar con la participación activa de la población organizada, como apoyo a la Policía Nacional, el fortalecimiento del serenazgo municipal y la inversión en tecnologías de punta para vigilar las 24 horas del día las calles.

Asimismo, se debe combatir los casos de informalidad en el servicio de vigilancia privada y combatir los focos de corrupción en la adquisición ó provisión de armas de fuego a los delincuentes. También establecer mecanismos para contar con un Poder Judicial justo, que aplique a cabalidad las penas en los casos de actos delincuenciales, sancionando eficazmente a los delincuentes y defendiendo a los ciudadanos y efectivos de las fuerzas del orden que, en legítima defensa o cumpliendo su deber, abaten a los delincuentes.

Debemos desterrar los planteamientos que pretenden limitar o restringir el uso de armas a la población civil para disminuir los actos delincuenciales. Además de inconstitucionales, estos planteamientos están completamente equivocados, dado que los delincuentes se abastecen de armas del mercado negro. Por eso, tal medida solo perjudicaría a los ciudadanos honestos que desean ejercer un derecho constitucional, como lo es el de la legítima defensa y seguridad personal, obteniendo legalmente sus licencias para portar y usar armas de fuego.

En tal sentido, con una estrategia adecuada para enfrentar la inseguridad ciudadana, desterrando los planteamientos equivocados —que obedecen más a posturas coyunturales de tipo político que a fundamentos técnicos y legales— podremos disminuir los índices de actos delincuenciales en nuestro país. Con ello daremos tranquilidad a la población y crearemos un clima de negocios adecuado y atractivo para los inversionistas, tanto locales como extranjeros.