Cierran filas contra Chávarry

En el Perú la infiltración de la corrupción en las instituciones del Estado es tan profunda que no se sabe si es mejor continuar investigando o propiciar un pacto político que resulte en un acuerdo de impunidad. Desde un punto de vista ético, lo razonables es que las investigaciones continúen, “caiga quien caiga”; pero también es cierto que mientras la incertidumbre continúe la toma de decisiones de los agentes económicos se ralentizará.

Por un lado tenemos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien al parecer ha tomado al toro por las astas. Lo que era una nebulosa durante la gestión de Pablo Sánchez —en la que los únicos implicados en actos de corrupción parecían ser los fujimoristas— ahora se va aclarando, y sucede que otros personajes de la política estarían comprometidos.

Los llamados a la renuncia de Chávarry por parte del presidente Martín Vizcarra, así como de la segunda vicepresidente Mercedes Aráoz, tienen el objetivo político judicial de que no se continúe con las investigaciones. Las reuniones en casa de Pedro Pablo Kuczynski constituyen una muestra de preocupación y un ejercicio de coordinación para que los próximos pasos constituyan una secuencia de un guion que apunta a la remoción de Chávarry.

Los medios masivos de comunicación, que hasta antes de la Ley Mulder recibían —en la práctica— un subsidio del Estado, también apuntan sus baterías en contra de Chávarry. Su estrategia es desprestigiarlo ante la opinión pública recurriendo a la desinformación; en pocas palabras, mintiendo. En la semana pasada los fiscales superiores del país emitieron un comunicado expresando su preocupación por los actos —léase de corrupción— que han empañado el sistema judicial, del cual forma parte la Fiscalía. Pero de allí a inferir que el colegiado de fiscales solicitó la renuncia de Chávarry hay un abismo.

Lo lamentable es que instituciones como Transparencia salgan al unísono a sumarse al tumba monte mediático en contra de Chávarry, para después justificar su actuación señalando que el comunicado de los fiscales es ambiguo. Sí, reconozco que es un documento es ambiguo; el buen juicio indica que se debe averiguar más al respecto para esclarecer la formación del propio juicio. Pero optar por el extremo de interpretación más distante del cuerpo integral del comunicado podría significar desde una simple confusión hasta el alineamiento a favor de quienes quieren el retorno del statu quo impuesto por Sánchez a las investigaciones del caso Lava Jato y las constructoras consorciadas, una de ellas vinculada a la cadena de medios más importantes del país-.

En la semana pasada se dieron a conocer los primeros resultados de los acuerdos de colaboración eficaz entre los representantes de las constructoras brasileñas y los nuevos fiscales peruanos a cargo de las investigaciones. En consecuencia, Marcelo Odebrecht ha ratificado montos, números de cuentas y forma de entrega de dinero no solo para la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia —“cuando no eran funcionarios públicos”, como es la línea de defensa de los acusados—, sino que habría proporcionado pruebas de que en el ejercicio de la presidencia la pareja también habría recibido US$ 3 millones a cambio de favorecer a las constructoras con obras públicas, cuyos montos resultaban inflados en contra del erario nacional.

El caso Humala sería la punta del iceberg que oculta bajo las aguas a varios ex presidentes, así como a la aún desconocida señora “K”. Y quizás también a encumbrados personajes de la administración pepekausista, en sus dos fases.