Cae la mentira

Pedro Castillo tiene experiencia en las marchas y contramarchas de la negociación sindical, y la aplica en el día a día de su penosa gestión. Por eso es que un día dice que “rechaza rotundamente” la asamblea constituyente, y otro que es “hora de debatirla”. Con eso aturde no solo al público sino también al secretario general del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, quien cree haber avanzado en su objetivo político inviable de una constituyente. Castillo avanza dos pasos y retrocede uno, mientras va socavando imperceptiblemente la base del secretario general del partido, quien pierde poder infinitesimalmente a diario, mientras sus úcases cotidianos en Twitter se tornan cada día más autoritarios e irreales. Es un juego extenuante y que mina cada día también la credibilidad del presidente. 

El hecho inamovible es que la asamblea constituyente es ya un imposible dentro de la ley, la democracia y el Estado de derecho. Para llevarla a cabo, el partido de gobierno tendría que imponerla por la fuerza desde la calle, pero –como diría el propio secretario general– no hay condiciones objetivas para tal cosa. El pueblo peruano está indignado con el gobierno a causa de la inflación. No va caer en la tonta trampa de creer que la constituyente es el agua mansa que apagará el incendio cuando, evidentemente, lo que haría es echar gasolina al fuego. 

Esta semana ha habido un avance fundamental para el debate de fondo. Se ha derrumbado el argumento central del partido de gobierno en pro de la supuesta constituyente. Este argumento ni siquiera es nuevo. Consiste en la falsa construcción mental de que la Constitución de 1993 fue la “constitución de la dictadura”. Jamás lo fue. Hernando de Soto y Bernard Aronson, entonces secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina, han demostrado en entrevista conjunta con RPP la semana pasada que la idea primigenia de la Constitución de 1993 fue propuesta precisamente para retornar en el mínimo tiempo a la democracia luego del autogolpe del 5 de abril de 1992. Ese fue el compromiso de Alberto Fujimori en persona ante la Asamblea de la OEA en Las Bahamas. El hecho histórico incontrovertible, firme como un roca, es que antes de que terminara ese año de 1992 –es decir, ocho meses después del 5 de abril– se instalaba el Congreso y el Perú retornaba a la democracia. 

Los grandes cambios que la Constitución de 1993 trajo, que hicieron posibles 30 años de prosperidad en los que el Perú fue la estrella más brillante de América Latina, fueron el fruto democrático de un debate por los representantes parlamentarios del pueblo elegidos en comicios supervisados al milímetro por la comunidad internacional representada por la OEA. 

Nunca fue la Constitución de 1993 una “constitución de la dictadura”. Ese relato falso e interesado fue engendrado solo después por el antifujimorismo para poder sostener mentirosamente que la democracia no volvió al Perú sino hasta el año 2001, cuando el antifujimorismo llegó finalmente al gobierno. Como si con ello hubiese recomenzado la historia. 

Hoy, es ese mismo relato falso el que ha venido esgrimiendo el partido de gobierno como pretexto para imponerle al Perú, por la vía de la fuerza, una asamblea constituyente que, ahora sí, cocinaría la constitución de la dictadura del partido del gobierno. Este burdo plan, dirigido desde La Habana y Caracas, solo tiene el propósito de hacerse de los recursos naturales del Perú, que esas dictaduras necesitan para sobrevivir en su miseria. Lo que en su desesperación no calcularon es que los peruanos sabemos más, porque pasamos por ese infierno hace muchos años y salimos de él victoriosos con nuestro propio esfuerzo. Es por eso que nosostros estamos en esto a la vanguardia y no, como ellos, a la retaguardia de la historia.