Avatares de la política y gestión ambiental

 

El Perú tuvo mínima regulación ambiental durante décadas, regulación creciente desde 1994, y desde 2012 la creencia de que la ley y los reglamentos transforman la realidad. Disolver o abolir el Ministerio del Ambiente y los organismos especializados, como el OEFA o el Senace, es como botar el agua de la bañera y el niño.

Exceso de deber ser —con varias estimativas sociales en juego—, convertido en mandato legal, trae a la memoria una crítica a “la cura por la palabra”, en conocida frase de Gregorio Marañón, eminente médico endocrinólogo. Pero cero jefatura política de rango ministerial de un sector especialísimo con reconocimiento universal de su trascendencia, evidencia un sentido negacionista, angustiado y simplificador al extremo.

Tenemos con el Perú un “deber de memoria”. Hay pocos estudios de ciencia de la administración pública y sus aplicaciones (ver: La enseñanza universitaria de las Ciencias Sociales publicada por las UNESCO hace sesenta años y hoy casi desconocida), por más que se haya impuesto la moda de “gestión pública”. En los cincuenta tuvimos un Instituto de Administración Pública que apenas existió. En 1962 se publica un medular trabajo: Diagnóstico de la administración pública y propuestas de reforma. Antes de 1968 se dieron avances puntuales: el Ministerio de Guerra fue el primero en instituir el “sistema de presupuesto por programa”; luego aparecieron otros con el mismo sentido o “lógica”, aunque con novedosas denominaciones.

Entre 1963 y 1968 la Oficina Nacional de Racionalización y Capacitación de la Administración Pública (ONRAP), empleando dicho documento y estudios comparados, impulsó cambios graduales y su conceptuación de sectores y sistemas se plasmó en leyes de instituciones del Ejecutivo y la Contraloría. Desde 1975 el balance sistemas y sectores fue abandonándose por la concentración e hiper fortalecimiento del MEF entre 1975 y 1989. Hoy es mayor que nunca antes.

El esquema anterior sirvió a una política de “intervencionismo de Estado” y no a socialismo alguno, en sesuda comprobación de Marcos Kaplan. Su devenir sin una instancia de dirección con unidad de doctrina, sino con creciente influencia y poder de grupos de interés (entre estos la propia burocracia y sus amarres internacionales) llevó a la creciente burocratización. Una burocracia que se cercena en 1992, en particular lo referido a el planeamiento y la Contraloría. Esto empoderó aún más al MEF y facilitó el imperio de visiones “de” proyectos, no “de” programas, menos “de” plan estratégico, junto con inversiones necesarias y privatizaciones reclamadas tanto por sanas inversiones como por el paradigma contrario, fiel reflejo del “Consenso de Washington” y la creencia de que el “mercado” es un demiurgo que ordena la sociedad hacia un automático bien común.

Se impuso una “economía de mercado” a una “economía social de mercado” o economía mixta con políticas y programas variables y adaptables a las circunstancias internas y a las mega tendencias mundiales, para hacer manejable una buena cartera de proyectos clave, con sostenibilidad técnica, financiera, ambiental, territorial, social, cultural y política.

En 2006 el presidente encargó a una comisión discreta, no secreta, que prepare una propuesta para crear un Ministerio del Ambiente. Fuimos cuatro personas designadas y recibimos serio, amplio y eficiente apoyo profesional del INRENA, del CONAM (entonces Autoridad Nacional Ambiental a mi cargo), de otras entidades públicas, del sistema de las NN. UU., de organizaciones privadas y de académicos, mujeres y varones.

Entregado el voluminoso informe con su resumen ejecutivo, se creó una comisión, mediante resolución de la PCM, que presidió Antonio Brack, quien me antecedió por breves días en el CONAM, recibido de Carlos Loret de Mola. Así devine la única persona que integró ambas comisiones, y Antonio Brack otro ex alumno salesiano juramentado en la V ALC-UE ante Angela Merkel.

Puedo decir que no primaba una conceptuación estructural, sino “ambientalista”. En algunos sustituto funcional de creencias ideológicas y políticas, en otros manejando criterios en parte “defensistas” o “naturalistas”, en parte oenegistas, de proyectos con sesgos propios de la variada “cooperación internacional”.

El segundo grupo fue más representativo de los actores, creencias, ideas y tendencias sobre el ambiente. El acuerdo central, me parece, tenía dimensiones inseparables: detener y empezar a revertir la “degradación ambiental”, mejorar la protección legal del ambiente, crear o fortalecer instituciones esenciales con personal de excelencia para —en diálogo social, no con imposiciones— orientar, normar, fiscalizar, corregir y participar en lo que le corresponde en el proceso de va y viene de proyectos, programas y políticas de gobierno y de Estado.

Comprendo el ánimo de quienes ven, con evidencias y criterios de corto plazo, solo lo malo de la institucionalidad ambiental. Comprendo las convicciones y acciones “escatológicas”, francamente utópicas y ucrónicas de quienes quieren un “buen vivir” con la “madre naturaleza”. Veo la utilización de los primeros por grupos de privilegio y de poder que quieren hacer aquí lo que no hacen en otros Estados. Y compruebo que, in crescendo, hay “ideologías que matan” viejas y nuevas, que usan el ambientalismo para su crecimiento; que en dictaduras de partido único —Rusia, China y Camboya— han evidenciado un antiambientalismo con muertes y atraso. Pienso que con la visita del Papa Francisco unos usarán la encíclica Laudato Si, para sus luchas ideológicas, y otros los denunciarán buscando desacreditar la enseñanza social de la Iglesia católica en este campo y en el de las inversiones.

No tendremos tres año y medio sin problemas. Todo lo contrario. Por esto y por la precariedad gubernamental y administrativa es hora de “no hacer muchas cosas sino mucho” en normar y regular, y sacar adelante paquetes de inversión privada y APP para remediación ambiental demostrativa. Debemos convertir pasivos en activos, que usen la minería u otras “industrias extractivas” como palanca de desarrollo y seguridad humana en cuencas y territorios más amplios; hacer diseños urgentes compatibles con áreas de protección ambiental, bosques, aguas y tierras, como transporte multimodal en la Amazonía y aún usando vías que pasen por el Brasil, y la conexión empresarial hidrocarburífera con el Ecuador. Especialmente debemos hacer funcionar bien los siete proyectos minero energéticos que cité en este portal en 2015; por lo menos tres de ellos, sin que se paralicen ni un día los que ya tenemos.

Tenemos muchas instituciones, pero hay déficit de institucionalidad. Para una mejor gestión de un programa nacional de inversiones sostenibles se requiere sobre todo alta dirección con unidad de doctrina, inteligencia, planeamiento y metodología de cooperación multiactores y multicriterio. ¿Será que se quiere? ¿Será que se puede?