Acuerdo con transportistas y Estado fallido

La semana pasada la noticia relevante era la huelga indefinida en la que se encontraban los transportistas, que habían bloqueado el acceso hacia y desde la capital, por norte, centro y sur. Ya se comenzaba a sentir la escasez de algunos productos alimenticios, con su correlato de incremento de precios.

Mencioné en esta misma columna, que el problema iba más allá del precio del combustible que utilizan los transportistas, el petróleo diesel 2 (D2). También tenía que ver con un exceso de oferta, que no les permitía trasladar el incremento de costos a sus clientes, a la vez de una urgencia de liquidez para honrar pagos de endeudamiento bancario. 

A pesar de que lo mencionado era una realidad insoslayable, la discusión entre los huelguistas y el Gobierno se centró en el precio del D2 y la expectativa de lo que podía hacer el Ejecutivo sobre el particular. Este solo tenía dos herramientas: el precio del combustible por parte de la estatal Petroperu (PP) y la gestión tributaria, que en este caso se centraba en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

En primer término, no se puso de manifiesto que una decisión de precios por parte de PP tenía dos limitantes: que su atención de la demanda no llegaba al 50% y que, al no tener cadena comercial propia, el control de precio solo lo hace hasta la salida de sus plantas. Y que en el camino se perderá inexorablemente la rebaja. La medida adoptada fue el reingreso del D2 al fondo de estabilización de precios de combustibles (FEPC), por parte de PP.

El FEPC fue adoptado en septiembre del 2004, en el contexto internacional del control del Gobierno de Irak, por parte de la coalición liderada por los Estados Unidos, y temores de un incremento mundial del precio del crudo y combustibles. La teoría del fondo era que, en acuerdo con las refinerías e importadores, el incremento de precios no se trasladase al consumidor, porque se anotaría en una cuenta, cuyo monto se recuperaría cuando se produzca una reducción en las cotizaciones. 

A la hora de la verdad, se llegó a acumular, en el 2008, una cuenta de más de US$ 1000 millones pendiente de devolución. Y cuando se produjo la crisis del subprime, con el desplome de las cotizaciones de combustibles, no se pudo sostener el precio para recuperar lo anotado. Ese año perdieron, entre PP y Refinería La Pampilla, cerca de US$ 400 millones. El mensaje es claro: se evita el alza, pero ante una caída no se respeta la recuperación de los productores e importadores.

Por el lado tributario, la medida ha sido flexibilizar la devolución del ISC del 53% que estaba vigente. La devolución se estableció mediante ley en abril del año 2010 (Ley N° 29158), señalándose que el beneficio era por el 30% del ISC y estableciendo como meta la formalización en el sector transporte. Luego se ha convertido en costumbre, no se ha producido la formalización esperada y la devolución se ha ido incrementando hasta el 53%. 

Son dos medidas que han demostrado en los hechos el fracaso en sus objetivos. Y que hoy se vuelven a tomar irresponsablemente por el lado del Gobierno, sin mayor interés que salvar el momento y dejar que una nueva administración se haga cargo del problema. 

Por el lado de los transportistas, también hay responsabilidades que asumir. No han planteado salidas más duraderas, que no solo involucren al precio del D2, sino también la formalización y atenuar el impacto del endeudamiento. El resultado final es que no se ha resuelto nada.