Acceso a salud: inversión y gestión

La pandemia del Covid-19, como muchos han señalado, ha puesto en evidencia el estado crítico de la atención de la salud en el Perú. Al respecto, lo primero que debemos tener presente es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra, en su artículo 25, que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia...”.

Es evidente que no hemos sido capaces de garantizar este acceso a la salud a los más de treinta millones de personas que hoy habitan en nuestro país, y esa es la primera realidad que nos corresponde asimilar. Es por ello que hoy cientos de compatriotas salen a comprar balones de oxígeno para tratar de salvar la vida de sus seres queridos.

El sector salud es particularmente importante para garantizar el bienestar de la población. En él coexisten hoy proveedores públicos y privados: Essalud, las clínicas y los hospitales y postas del Minsa. Y a eso se suma el Sistema Integral de Salud (SIS). La lección que hemos aprendido, con dificultad, es que las estadísticas que señalan que en Perú tenemos acceso universal en salud no tienen relación alguna con la capacidad y oportunidad de la atención recibida, lo que demuestra lo precario de nuestro servicio de salud.

Essalud es una institución privada administrada bajo las leyes del sector público. Hoy tiene un presupuesto anual de S/ 150,000 millones; mientras que el gasto del Estado asignado al sector salud asciende a más de S/ 18 millones. Podríamos discutir si el monto es insuficiente, y seguro lo es; pero también es cierto que el acceso a la salud debería distinguir claramente entre el que financia la cobertura y el proveedor del servicio. Mientras más claro tenga el ciudadano qué le debe exigir a cada uno, mayor capacidad tendremos los ciudadanos, como un todo, para obligar a los gobiernos de turno a tomar decisiones responsables en materia de salud. 

Así el trabajador debería saber que el Estado, vía contribuciones e impuestos (para los más vulnerables), y el empleador (en el caso de los trabajadores dependientes), le transfieren el dinero al proveedor del servicio, y que este debería competir para brindarle un servicio oportuno y eficiente. Eso supone que el ticket de atención esté en manos del ciudadano, y que este tenga el poder de elegir entre una gama de opciones públicas y privadas para su atención, porque el expediente médico sería único y estaría compartido entre los proveedores de servicio, bajo un acuerdo expreso de respetar la confidencialidad de la data del afiliado. 

Los niveles de la atención deben incluir tres pilares básicos: atención preventiva, de primer nivel y compleja. La atención preventiva incluiría el uso de postas o policlínicos como canal de ingreso al sistema de salud. Este tipo de atención nos ayudaría a reducir largamente el costo asociado a una enfermedad crónica, derivada en una complicación mayor, y sobre todo, nos daría a todos los peruanos mucho mejor calidad y expectativa de vida.

La atención de primer nivel se referiría a las cirugías menores o las evaluaciones médicas invasivas. Esta podría darse en un hospital o clínica no especializadas, que deberían estar distribuidas geográficamente, al igual que las postas y los policlínicos para la atención preventiva, para garantizar la atención oportuna. Y debe incluir, asimismo, que el tamaño de mercado alrededor del punto de atención sea el mínimo necesario para que la provisión del servicio sea sostenible.

La atención de capa compleja nos debería dar derecho a la cobertura de enfermedades de alto costo e impacto en la salud: las crónicas y las terminales, entre otras. Por el alto grado de especialización se requiere que estén mucho mejor equipadas estas unidades hospitalarias o clínicas privadas. Para que este proceso funcione se precisa eficiencia en la gestión (y eso se garantizará con un único regulador), transparencia de los precios de los servicios y en la calidad de la atención (oportuna y eficaz), y una profunda campaña de atención para que sea la acción preventiva la que nos movilice. Con ello se generarían mercados de oferta en capa preventiva, altamente eficientes.

Tenemos que ir hacia adelante, reconocer las bondades del funcionamiento de mercados, con transparencia de la información y buenos reguladores. Un esquema en el que el ciudadano, a través de su ticket de atención, ejerza de manera responsable su capacidad de elegir quién lo atienda y cómo desea ser atendido.