Sagasti y la guerra por los votos

El sábado pasado se desarrolló la movilización ciudadana más grande de las últimas décadas (sin considerar las religiosas) y, de una u otra manera, quedó en evidencia que la centro derecha ha tomado las calles. La izquierda, por su lado, no se cansa de amenazar con que las provincias marcharán y estrangularán a Lima. La soberbia concentración ciudadana del sábado, que sumó más de 50,000 personas, revela que las provincias se han apoderado de la vieja capital criolla.

La centro derecha toma las calles en el preciso momento en que el presidente Francisco Sagasti ha manchado su gestión como presidente interino: la llamada a Mario Vargas Llosa para “mediar y bajar la tensión”, en realidad, ha sido entendida como la gestión para convencer a Keiko Fujimori y Fuerza Popular de no insistir en el escrutinio final y proclamar a Pedro Castillo como ganador. Es decir, la misma estrategia de Evo Morales, Rafael Correa, y presidentes como Nicolás Maduro de Venezuela y Alberto Fernández de Argentina.

Sagasti entonces está con el eje bolivariano y distante de los ex 22 jefes de estado democráticos que se pronunciaron exigiendo no proclamar a nadie hasta que se cuente el último voto. El acto de Sagasti ha ensombrecido la elección de segunda vuelta porque otorga verosimilitud a todas las denuncias acerca de que el suelo no está parejo en las entidades electorales.

En este contexto, los jurados especiales electorales, de manera militante y disciplinada, descartan la mayoría de procedimientos que favorecen a Fuerza Popular. El objetivo: desanimar a la ciudadanía, generando la impresión de que todo está consumado. En realidad, todo recién empieza y deberá revisarse más de medio millón de votos, porque recién las impugnaciones y las observaciones se tramitarán públicamente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es decir, recién todo se verá en la segunda instancia electoral.

De esta manera pareciera existir una estrategia que busca agotar la movilización ciudadana para que, finalmente, se perpetre la lógica de las instituciones electorales. Es decir, que se ratifiquen las observaciones de la Organización de Procesos Electorales (ONPE) a las actas que favorecen a Fuerza Popular y se confirmen las impugnaciones que afectan a la candidatura de Keiko Fujimori. Esta estrategia parece tan evidente que Evo Morales, una especie de coordinador general de la táctica bolivariana en la región, ha salido públicamente a denunciar las “maniobras de la oligarquía peruana”.

Sin embargo, la guerra por los votos, a nuestro entender, podría aumentar exponencialmente. Las denuncias contra el proceso electoral pueden seguir acumulándose, y desde la ONPE y el propio JNE pueden saltar tuercas y pernos con eventuales funcionarios que denuncien ciertas irregularidades. En este contexto, todo sería de pronóstico reservado.

En este escenario, parece evidente que cualquier gobierno surgido de la polarización en curso, simplemente, podría convertirse en el pitazo inicial de una confrontación social sin precedentes. Una especie de guerra civil sin balas, a la moderna y con formas de desobediencia civil.

La centro derecha ha tomado las calles de manera disciplinada y respetuosa de la Constitución y las leyes, a tal extremo que las muchedumbres dialogan con la policía y la autoridad. Así debería ejercerse el derecho a la protesta. No como las protestas que promueve el presidente Sagasti, quien llegó al poder por un golpe de masas y amenaza a los congresistas con otro golpe de masas si se atreven a ejercer sus funciones establecidas en la Constitución.

Por todas estas consideraciones, creo que todos al final estaremos obligados a retroceder sin vencedores ni vencidos. El Perú y los pobres lo demandan. Sin embargo, de cualquier modo, ya sea por la derecha o la izquierda, ha terminado la llamada república caviar que nos ha llevado a este precipicio.