¿Qué pasa con la Fiscalía?

En una reciente entrevista, el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, como curándose en salud, señaló que en la declaración de Jorge Barata a los fiscales peruanos —en los próximos 27 y 28 de febrero— no se han incluido preguntas sobre las investigaciones al presidente Kuczynski y el ex presidente Alan García. Precisó que solo se iba a preguntar por las indagaciones contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori. ¡Un verdadero escándalo en nuestra debilitada democracia!

Las declaraciones de Vela, de una u otra manera, son una demostración de que en el Ministerio Público existe un grupo de fiscales que “hacen política con las investigaciones”, y que la denuncia de Fuerza Popular acerca de que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pretende judicializar a Keiko Fujimori —para tapar las denuncias contra PPK, Susana Villarán y el oficialismo— tiene verosimilitud. ¿De qué otra manera se puede entender la información de Vela y la abulia de Hamilton Castro, encargado de investigar los pagos de Odebrecht a Westfield?

A entender del suscrito, la grave crisis de gobernabilidad que atraviesa el Perú comenzó con el intento de judicializar, e incluso encarcelar, a los principales dirigentes de Fuerza Popular sin razones legales valederas. En el acto, Fuerza Popular sobrerreaccionó, acusó al Fiscal de la Nación, desencadenó la vacancia fallida, y allí estamos empantanados. Sin el intento de judicializar las relaciones oficialismo y oposición (aplicando al pie de la letra el software nadinista), la democracia estaría procesando de otra manera el caso Lava Jato.

No obstante la grave crisis de gobernabilidad del país, y que la guerra política desatada alrededor del caso Lava Jato está destruyendo las instituciones y paralizando la economía, un grupo de fiscales actúa como si militara en un partido antifujimorista, en IDL Reporteros o en una ONG de izquierda que solo busca convertir el caso Lava Jato en acusaciones contra Keiko Fujimori.

Cuando el Ejecutivo hace agua, cuando el Congreso aparece enzarzado en una polarización que no amaina, cuando todos los políticos antifujimoristas están embarrados con la corrupción brasileña, los peruanos de buena voluntad esperan que instituciones tutelares de la democracia, como la Fiscalía de la Nación, permanezcan distantes de la confrontación que envilece a las instituciones. Sin embargo, las declaraciones de Vela nos revelan que un sector de la fiscalía está en cualquier cosa, menos en investigar.

Algunos creen que la democracia puede continuar intentando judicializar al principal partido de la oposición para salvar a los amigos embarrados por Odebrecht. No les basta la polarización Ejecutivo y Legislativo en los dos primeros años de la administración pepekausa ni la terrible coyuntura vacancia/indulto, que ha terminado poniendo en pausa a la economía y la sociedad.

Como el extremista no puede retroceder y no tiene apoyo popular, mangonea instituciones tutelares de la democracia para desarrollar vetos y exclusiones (lo mismo pasa en la Corte IDH). Se aprovecha de la desesperación y las urgencias de PPK y Alberto Fujimori; pero como en ocasiones pasadas, los malos tiros en democracia casi siempre salen por la culata.