Objetivos de una detención preventiva

La detención de Keiko Fujimori y su prolongado juicio —que difundieron la radio, la televisión y la prensa, con una unanimidad asfixiante— forman parte de una puesta en escena que solo tiene un objetivo: desorganizar a la mayoría legislativa para controlar instituciones. En este contexto quizá el mayor e increíble error de Fuerza Popular es el haber considerado que la acusación del fiscal Domingo Pérez y la sentencia de Richard Concepción Carhuancho eran asuntos judiciales y no estrictamente políticos.

A entender del suscrito, que Keiko Fujimori haya sido detenida provisionalmente —sin que exista acusación fiscal, todo es preliminar— solo se explica porque el fujimorismo renunció a la lucha política, a la movilización y denuncia ciudadana que hubiesen logrado crear un centro y que se gestaran las equidistancias que llamaran a los entendimientos y corduras. Muy por el contrario, cada acto de Fuerza Popular y de la propia Keiko (incluidas sus lágrimas) solo legitimaron y empoderaron a sus carceleros. El asunto era tan político que, incluso, Mariella Balbi se atrevió a comparar el juicio de Lima con los de Moscú. Para el suscrito el fujimorismo ha comenzado a ser un misterio imposible de descifrar.

Hasta que la Segunda Instancia del Poder Judicial tramite la apelación, la detención de Keiko solo apunta a modificar las relaciones en el Congreso. Es decir, crear una mayoría favorable al Ejecutivo y que posibilite controlar las instituciones: destituir a Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación, hoy convertido en el demonio de los sectores que buscan una justicia selectiva (para los enemigos), mientras defienden a Toledo, Humala, PPK y Villarán.

En realidad toda la estrategia gubernamental siempre apuntó a desorganizar a la mayoría legislativa. Por ejemplo, el suscrito cree que la bicameralidad nunca estuvo en la agenda del Ejecutivo para el referéndum. Si apareció viable es porque ahora esa es una de las virtudes de las encuestas de Ipsos. El aderezo de los números pretendió demostrar que la bicameralidad era mayoritaria cuando el presidente Vizcarra la respaldaba y minoritaria cuando el jefe de Estado dijo no. Más allá de que la señalada encuestadora presente a Vizcarra como un dios, el objetivo del Ejecutivo solo era la no reelección congresal para desorganizar a Fuerza Popular y desincentivar la permanencia en esa bancada. Sin la bicameralidad, solo hay parlamento unicameral sin reelección. Como se aprecia, nunca hubo intención de hacer reforma política. ¡Una barbaridad!

Ahora bien, ¿hacia dónde apunta la estrategia del Ejecutivo? Es incuestionable que la presencia de Chávarry en la Fiscalía de la Nación tensó la vida institucional: un sector político, económico y social no acepta que las investigaciones del caso Lava Jato avancen. Con ese objetivo, para sacar a Chávarry están dispuestos a hacer la mayor de todas las guerras. Si no se logra ese objetivo, algunos incluso plantean cerrar el Congreso. Así están las cosas en el Perú, y participan de esta voluntad medios, bufetes de abogados, encuestadoras, y las diversas ONG y núcleos marxistas que rodean a Vizcarra.

¿Eso es todo?, como decía el conejo de dibujos animados. El control de las instituciones (Fiscalía, TC, Sunat) y la popularidad ficticia —que se basa únicamente en golpear al Congreso— solo pueden tener un desenlace viable: la postulación de Vizcarra en el 2021. Un camino diferente sería generar las condiciones para que la ausencia de gobierno (economía que se detiene, fracaso de la reconstrucción, desborde de la criminalidad e incremento de la anemia y abandono de las provincias) erosione la popularidad de Vizcarra y posibilite una reacción en el Legislativo. Triste la situación de un país sin élites, triste no entender que, en democracia, solo existe un principio sagrado: el respeto de las instituciones. El siglo XIX peruano parece regresar como un ventarrón. Veremos.