¿Existe una policía política en el Perú?

Ayer en el Congreso la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP dejó en claro su condición especial que la sitúa, desde el punto de vista del estricto análisis, como un sector de la policía con estatus especial. Un oficial con el rostro congestionado, con una cólera que lo desbordaba por el atrevimiento del Congreso de citar al ministro del Interior, Carlos Morán, y a efectivos de la Diviac, se sacó la casaca y también casi el polo en cadena nacional. El motivo: el Congreso pretendía investigar las condiciones en que se produjo el suicidio del ex presidente Alan García.

Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa, lo obligó a abandonar el recinto, pero en el acto los principales periodistas de los medios tradicionales, directores y opinólogos comenzaron a construir el relato acerca de que el Legislativo maltrataba a la policía del Perú. Lo increíble es que sectores comunistas —como Nuevo Perú, el Frente Amplio— y el Instituto de Defensa Legal salieron a enfrentar “el atropello contra la policía”, no obstante que se han pasado tres décadas tratando de arrinconar a la PNP con el muñeco del uso desmedido de la fuerza, que promueven las ONG de DDHH con el fin de erosionar la autoridad del Estado. Al final de la reunión, el ministro del Interior cerró el círculo señalando que, en toda su carrera profesional, no había visto tal maltrato a la PNP.

¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? El Legislativo solo pretende indagar sobre las condiciones en que el ex presidente García se suicidó cuando iba a ser detenido sin acusación fiscal ni juicio oral. Nada más.  Algo así sucedería en cualquier democracia, sobre todo cuando se trata de un jefe de Estado elegidos en dos comicios democráticos impecables.

Quizá para encontrar la respuesta valga hacer algunos recuentos. La Diviac se formó durante la gestión de Carlos Basombrío en el Ministerio del Interior; es decir, durante la gestión de un conocido y cercano a IDL y otras ONG marxistas. Igualmente cabe recordar que IDL y las ONG de izquierda han promovido las detenciones, sin acusación fiscal, de los políticos de la oposición.

Asimismo, vale señalar que la Diviac ha liderado las detenciones de los políticos y de los partidos, no obstante que solo fue creada para investigar delitos de alta complejidad y pese a que el reglamento policial establece que las detenciones están a cargo de la policía judicial. En otras palabras, todo parece indicar que la formación de la Diviac responde a la estrategia de los sectores de izquierda de controlar el sistema judicial y contar con una policía ad hoc en la estrategia.

El papel de los medios tradicionales en esta historia de desencuentros tiene que ver con las urgencias del avisaje y la necesidad de evitar que el Legislativo vuelva a legislar sobre el espinoso tema de la publicidad estatal. De allí el protagonismo en estas campañas, en las que un oficial agrede la investidura del Congreso y, de pronto, el Legislativo aparece maltratando a “la policía heroica” que ha detenido a “los políticos corruptos”.

Los demócratas, pues, hemos sido notificados que así como IDL-Reporteros influye en una red de fiscales con una clara tendencia a hacer política, igualmente existe un sector de la policía que se moviliza en base a análisis y criterios políticos. Ayer, por ejemplo, el coronel Harvey Colchado, jefe de la Diviac, se lanzó con un discurso tipo IDL-Reporteros acerca de las maldades de Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación, no obstante que sigue siendo fiscal supremo y el Legislativo lo ha exculpado de todos los muñecos armados en su contra por la izquierda. Por momentos, el ministro del Interior parecía un subordinado de Colchado. Luego de estos hechos es justo preguntarse, ¿existe una policía política en el Perú?