Empresarios del Perú, ¡uníos!

 

El fiscal Domingo Pérez sigue citando a los principales empresarios del Perú a declarar como testigos sobre aportes a pasadas campañas electorales. La decisión de convocar a los principales dueños y gerentes de compañías nacionales empezó luego de que Jorge Barata declarara que Odebrecht había “aportado US$ 200,000 a la campaña de Keiko Fujimori, a través de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)”.

Sin embargo, el máximo gremio empresarial ya aclaró que ese aporte correspondió a una campaña nacional, realizada por la CONFIEP y que sumó US$ 2 millones, en defensa del régimen económico de la Constitución, que fue cuestionado por la Gran Transformación, el plan chavista de Ollanta Humala en el 2011. Gracias a esa campaña, Humala abandonó la receta estatista y asumió la llamada Hoja de Ruta. ¡Felicitaciones, pues, a la Confiep!

De otro lado, se ha establecido que los mencionados aportes a la Confiep fueron bancarizados y que se entregaron los correspondientes certificados de donación. Además el gremio empresarial entregó al Ministerio Público los videos, avisos y audios propalados en los medios, con una pulcritud que no deja lugar a dudas. ¿Por qué entonces el fiscal Pérez pretende seguir citando a declarar a los principales empresarios del país?

Como todos sabemos, Pérez desarrolla una sinergia judicial más que especial con IDL-Reporteros. Por esta razón resulta evidente que —con las mencionadas citaciones fiscales— la izquierda busca escarmentar al empresariado nacional para que nunca más vuelva a intervenir en el debate público nacional. Sí, a nuestro entender, por allí va el objetivo.

El sueño de los proyectos colectivistas es que el empresariado —“la burguesía” como la llamaba el viejo Marx— renuncie a defender el capitalismo y la economía de mercado, para que el dinero privado no financie la política. En este contexto, solo el Estado se convertiría en el gran financista de la política y el espacio público. De allí la enorme cantidad de iniciativas y proyectos de las ONG antisistema, que buscan que el Estado se convierta en “el gran árbitro de la política”.

Sin embargo, la historia de la democracia y la libertad es absolutamente diferente. Desde que el capitalismo le arrebató al Estado el control de la economía y lo trasladó a los privados y a la sociedad, las libertades y la democracia florecieron, sobre todo porque los empresarios (los nuevos actores de la sociedad) financiaron a la política y el intenso debate ideológico y cultural que caracteriza a las sociedades abiertas. Por ejemplo, ese es el caso de las democracias en Estados Unidos y Reino Unido.

El discurso marxista, el mensaje colectivista, que demoniza al empresario en base al concepto de la lucha de clases y la plusvalía, desarrolla a priori una concepción negativa sobre el aporte empresarial al espacio público. De allí que utilice la corrupción empresarial brasileña para promover el empoderamiento del Estado en el financiamiento de la política.

El objetivo colectivista de erradicar el aporte empresarial al espacio público, por el contrario, fomenta el financiamiento de fuentes del mundo desarrollado, que buscan acabar con la competencia de los mercados emergentes. Los millones de dólares que solventaron, por ejemplo, la estrategia para detener los proyectos mineros de Conga y Tía María provienen de los especuladores mundiales del cobre. Con esas minas paralizadas ellos ganaron enormes cantidades.

Por todas estas consideraciones, los empresarios del país no deben aceptar semejante intento de amedrentarlos; deben convertirse en clase dirigente. De lo contrario, el colectivismo seguirá avanzando en sus diversas estratagemas. Si los empresarios no asumen su papel, ¿cómo lo van a hacer los políticos, los intelectuales y otros sectores de la sociedad?