El paro de transportistas golpea al Ejecutivo

La frágil estabilidad que se instaló en el país luego del gobierno de Pedro Castillo, de alguna manera, se mantuvo porque la irresponsabilidad izquierdista, que pretendía adelantar las elecciones en base a la movilización callejera, no prosperó. Y es evidente que luego del fracaso descomunal de Castillo la izquierda ha roto, al menos por un largo tiempo, cualquier vinculación con la gente. De allí que cualquier llamado de la izquierda siempre será un fiasco.

En ese contexto, el gobierno de Dina Boluarte, con menos de 10% de aprobación, se convirtió en un sobreviviente. Una situación que también fue posible porque en el Congreso nunca emergió una oposición desestabilizadora. Sin embargo, se vino el paro de transportistas en contra del crimen organizado de ayer y, de alguna manera, Lima paró y las cosas cambiaron.

Faltan dos días para el final de la protesta de los transportistas en contra de la ola criminal y parece inevitable que el Ejecutivo saldrá con más de una magulladura. Si bien es cierto que los delirios de la izquierda y de las oenegés de Derechos Humanos de convertir esta protesta en el paso previo de la caída del gobierno de Boluarte es una terciana más de las izquierdas, es evidente que hay un golpe fuerte al Ejecutivo.

De allí que el golpe demande una respuesta política desde el inicio hasta el fin. Y el manual indica que la forma de tramitar el asunto es que alguien asuma la responsabilidad política de la falta de una política de Estado frente a la ola criminal. Una política de Estado –valga la redundancia– es una política que permite movilizar a todas las instituciones del Estado alrededor de objetivos inmediatos, y también de mediano y largo plazo, contra el desborde del delito: policías, militares, fiscales, jueces, comisarías, serenazgos y sector privado. Una política de Estado que busca la eficacia en la persecución y sanción del crimen organizado, y que convierte a la sociedad en los ojos y oídos en la lucha contra la criminalidad.

Asumir la responsabilidad política por este grave yerro implica un cambio de Gabinete o su remoción parcial, con el objetivo de formular una nueva política y proponer a los ejecutores de la misma. De lo contrario, la artillería y el descontento golpeará a la parte más alta de Palacio y, poco a poco, estaremos construyendo un escenario para una salida autoritaria con discurso populista, efectista y demagógico contra la ola criminal.