¿De dónde el financiamiento antisistema?

Protestas de maestros demandaron enormes recursos

Diversos directivos empresariales responsables de logística han calculado que la movilización de más de 50,000 profesores de provincias a la capital, una oleada del campo a la ciudad con el objeto de convertir a Lima en el escenario principal de la huelga magisterial de los sindicatos radicales, debe, por los menos, haber costado S/ 20 millones. Es decir, una tercera parte del costo de la campaña electoral de los principales partidos en los últimos comicios nacionales.

Si el SUTEP oficial, vinculado a Patria Roja, controla la Derrama Magisterial —que además se maneja con criterios técnicos—, la inevitable pregunta que surge es, ¿de dónde salió tamaño financiamiento para el estreno social de la conducción radical en el magisterio? Entre las diversas versiones que circularon a propósito del despliegue logístico del radicalismo en la capital, hay una que señala que muchas cooperativas informales financiaron la protesta. Igualmente se sostenía que taladores ilegales de madera, empresarios marginados de los proyectos mineros y otros sectores similares estaban entre los principales financistas. Finalmente se mencionaba que no sería nada extraño que existiese protagonismo del narcotráfico en ese financiamiento.

Es evidente que todas estas informaciones —hasta que sean comprobadas— deben permanecer en el espacio de las especulaciones. Sin embargo la verdad incuestionable es que hubo un financiamiento que sorprendió a tirios y troyanos, sobre todo porque la Venezuela chavista de hoy se muere de hambre y no tiene dinero para regalar a las propuestas antisistema, como sucedía una década atrás.

Sin embargo la reflexión sobre el tema resulta necesaria. ¿Existen sectores interesados en financiar propuestas antisistema? De otro lado, ¿qué objetivos perseguirían? Una primera aproximación es inevitable: el narcotráfico sí estaría absolutamente interesado en financiar una fórmula antisistema con el objeto de evitar que nuestra democracia se consolide con una quinta elección nacional y un nuevo quinquenio de economía de mercado porque, tarde o temprano, la continuidad institucional llevará a que el Estado recupere el control del territorio nacional. Hoy en el Perú, más allá del Vraem existen zonas en la que no se ejerce la ley ni la autoridad estatal. En cualquier escenario el narcotráfico inevitablemente apostará a mantener ese statu quo.

Y semejantes especulaciones pueden adquirir verosimilitud, sobre todo considerando que Sendero Luminoso —a través del Movadef— desarrolla una estrategia social radical, y que ya es conocido el pragmatismo del senderismo durante los ochenta con respecto a los favores de los cárteles de droga.

La movilización de masas que desarrolló el radicalismo magisterial debería llevar a las élites a reflexionar sobre la necesidad de separar a las economías informales de las ilegales, de establecer claramente la distinción entre informal e ilegal para evitar que de esta situación se aprovechen las propuestas antisistema y existan espacios para protagonismos oscuros, como el narcotráfico. Finalmente el informal es un excluido de la legalidad que busca incorporarse a la economía nacional, pero no puede hacerlo por los altos costos de la ley.

Reunir la tercera parte de recursos que sumaron los principales partidos en la pasada elección nacional solo para desarrollar una huelga magisterial debería poner los pelos de punta a cualquier demócrata. El financiamiento de la huelga no reparó en gastos. Los fondos que antes enviaba el chavismo aparecen empequeñecidos. Aquí parece haber existido una billetera más grande.

En todo caso, es una honda preocupación que nos deja la pasada huelga magisterial.

Víctor Andrés Ponce