¿Por qué se insiste en legislar contra la formalización minera?

Proyecto oficialista busca excluir a productores artesanales

Unas semanas atrás, el Congreso de la República promulgó la ley que derogaba la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 1336, que prohibía a los pequeños mineros artesanales comprar la producción de terceros. En otras palabras, la mencionada prohibición exigía que un pequeño minero tuviese una planta de beneficio y explotara el mineral al mismo tiempo; es decir, exigía que los pequeños mineros se convirtieran en grandes emprendimientos. El Legislativo insistió en la mencionada norma porque el Ejecutivo no la promulgó en el plazo de ley. Sin embargo, se acaba de conocer una iniciativa del congresista Moisés Guía, de Peruanos por el Kambio, que busca restablecer la mencionada prohibición. ¿En el oficialismo existe una voluntad de legislar contra la formalización minera?

¿Por qué la derogatoria de la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 1336 era una condición para seguir apostando por la formalización minera? En el Perú los más de 400,000 mineros artesanales explotan el mineral y lo venden a cerca de 100 pequeñas plantas de beneficio —formales e informales— que procesan la producción. Si bien hay diferencias de tamaño entre mineros artesanales y plantas de beneficio, ambos son pequeños por volumen de producción, de acuerdo a ley. Por ejemplo, las plantas no tienen capital para explotar los yacimientos por su cuenta. En anteriores editoriales de este portal hemos señalado que la totalidad de estas pequeñas unidades de beneficio procesan alrededor de 2,500 toneladas de mineral por día (TMD) para extraer oro, en tanto que la gran inversión minera puede procesar cerca de 540,000 TMD.

Si los pequeños mineros no tienen la posibilidad de comprar la producción de terceros, entonces no hay minería artesanal. ¿A quién venderían su producción los pequeños mineros? Hizo bien entonces el Congreso en promulgar la ley que deroga la prohibición, pero la iniciativa de Guía nos lleva a preguntarnos por qué no se entiende que el proceso de formalización es fundamental para la gobernabilidad democrática y la economía de mercado.

A estas alturas la administración pepekausa parece haber sido ganada por la lógica del pasado gobierno nacionalista, que buscaba excluir a los mineros artesanales del proceso de producción minera del país. Semejante apuesta era una verdadera locura: era empujar a un poderoso sector social promercado, procapitalista, hacia la influencia de las propuestas antisistema que casi ganan las elecciones del 2006, del 2011 y del 2016.

Por ejemplo, el Ejecutivo sigue manteniendo la decisión nacionalista de prohibir la liquidación por compra de los mineros informales, que se realizaba a través de las plantas de beneficio formales. Mediante este mecanismo se descontaba el respectivo Impuesto a la Renta y el IGV a la producción que vendían los productores artesanales. Ahora se les pide a los productores informales que ellos mismos procesen el pago de sus impuestos. En la medida en que los mineros artesanales no tienen libros contables ni asesoría contable, y que no tienen documentación de los últimos cinco años de actividad económica —como ahora se exige— terminan sacando el pie que antes tenían en la formalidad, mediante la liquidación de compra. La informalidad aumenta.

Todo parece indicar que el gobierno pepekausa se ha rendido ante la lógica de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que priorizan la lógica de recaudación de impuestos y sanciones antes que una política estatal de formalización. Teóricamente sería imposible formalizar una economía con alta extralegalidad si los organismos recaudadores y sancionadores se encargaran de estos procesos, porque la conducta de estas instituciones siempre partirá del criterio de que la ley y los procedimientos son correctos. Una política nacional de formalización parte de un criterio absolutamente contrario: que las malas leyes y los procedimientos ineficaces son las causas de la informalidad.

Como se aprecia con absoluta claridad o el gobierno pepekausa se ha puesto de espaldas a la formalización minera o un sector del oficialismo maniobra para mantener las políticas nacionalistas que excluían a la minería artesanal de la riqueza minera del Perú. De allí la importancia de fomentar el debate sobre el tema.