¿Usted aceptaría que sus impuestos financien a los partidos políticos?

Hablan en exceso del fracaso o debilidad de nuestras instituciones y de la perentoria necesidad de una reforma política para tener partidos organizados, representativos, populares, con doctrinas válidas y políticos hábiles que convoquen grandes electorados, defiendan sus intereses y promuevan el programa que propusieron para conquistar el voto. Asumen como posible una reforma mágica que, en virtud de la palabra y de la norma, produzca partidos que no existen en el Perú.

¿Es posible que la reforma política reviva la “partidocracia”, que Fujimori descuartizó al cerrar el Congreso, para crear partidos que merezcan ser considerados como tales? ¿Acaso el Estado tiene el derecho de disponer del patrimonio de los contribuyentes para premiar a agrupaciones como algunas de las que tenemos en el parlamento o las regiones del país? ¿Habrá quienes acepten esta imposición? ¿Habrá filántropos irresponsables entre la minoría que tributa? ¿Cuántos de ellos se inscribirían en los partidos que se financien con sus impuestos?

Las instituciones son el conjunto de reglas (leyes) y organizaciones que deben hacerlas cumplir; organizaciones que, inevitablemente, están en manos de personas. Las instituciones pueden ser excelentes y cubrir todos los campos, en el papel. Pero los responsables de que funcionen —o de que no funcionen— son los hombres. Son los ciudadanos quienes deciden qué hacer en cada uno de los innumerables casos o situaciones que deben resolver.

Ignorar estos hechos de la vida real nos conduce a equivocar siempre el remedio que nuestros endémicos males exigen. La corrupción existe por la ausencia o debilidad de valores que inspiren las decisiones (la conducta) del ciudadano, del político, del empresario, del funcionario, del juez, del fiscal o del policía. Nuestra irresponsable conducta en sociedad tiene raíces en la educación, la familia, las amistades, la escuela y la universidad. Hacer o decidir qué es lo correcto depende de normas e instituciones cuya vigencia real depende a su vez de la formación moral y cívica del ciudadano. Si esta grave e histórica falencia de la sociedad peruana solo se puede superar con educación, la reforma educativa debería privilegiar todos los medios que conduzcan a ese objetivo tan crucial.

La turbulencia política que agita a la democracia de Estados Unidos desde que sus electores instalaron a Trump en el poder demuestra que sus instituciones son frágiles, y que no existe institucionalidad sin ciudadanos que la protejan. Ello depende —allá y aquí— de la vitalidad de los valores morales y cívicos que inspiran la conducta de las personas.

Una reforma política válida en el Perú debería partir de un análisis realista de lo que ha sido nuestro lamentable devenir partidario en el último siglo, con énfasis en las décadas recientes. El sentido común reclama establecer reglas inteligentes, sensatas y sostenibles. El financiamiento de los partidos por empresas u organizaciones de la sociedad civil podría ser un estímulo potente para que los partidos compitan por ser mejores, siempre que eso vaya de la mano con una activa supervisión que neutralice conflictos de intereses, y garantice la transparencia y nítida bancarización de los aportes económicos.

Las empresas modernas y respetables son conscientes de la importancia de fomentar organizaciones partidarias limpias y capaces de crear un entorno político que estimule una economía creadora de riqueza y bienestar para los ciudadanos. Esa es la institucionalidad funcional que necesitamos para realizarnos como Nación.