Todos se manchan, nada cambia

Se debe identificar y personalizar los actos de corrupción

Hace algunas semanas propuse en estas mismas páginas que sería vital blindar política e institucionalmente a las entidades que vienen desarrollando (a mi juicio con éxito) las investigaciones y el procesamiento del caso Lava Jato y colaterales en el Perú: Ministerio Público, Poder Judicial y Procuraduría.

Si bien el Congreso cumple un rol importante de fiscalización, de nada vale duplicar esfuerzos o entorpecer pesquisas. Los canales y las competencias tienen que estar bien definidos y separados, de tal manera que el objetivo común se cumpla: identificar y personalizar actos de corrupción, vengan de donde vengan, y sancionarlos como corresponde.

El Ejecutivo tiene que colaborar en lo que le toca en todo este proceso: brindando facilidades, autorizando y entregando financiamiento, coordinando con Estados y organismos internacionales; y llegado el caso, no protegiendo a ninguna autoridad actual que pueda estar comprometida en actos corruptos. Además tiene una responsabilidad mayor: asegurar que, en la medida de lo posible, el país no se paralice, evitar que se ralentice aún más la inversión pública y privada, decaiga aún más el empleo, las expectativas de inversionistas y consumidores se afecten más de lo que ya están y por ende, no se haga (bien) ni lo urgente ni lo importante.

Por esa razón es que sería ideal que, como parte de su contribución al caso Lava Jato, el Gobierno entregue a la Comisión de Integridad Presidencial la función de darle seguimiento al proceso anticorrupción ya iniciado, con el fin de darle todo el empoderamiento del caso. Pero más importante aún, que proponga alternativas de salida institucional y legal a la crisis que estamos viviendo.

Por ejemplo, se viene atribuyendo errada e interesadamente al “modelo tecnocrático y liberal” buena parte de la culpa de lo ocurrido, olvidando que los sistemas no operan solos y que su buen o mal funcionamiento depende de personas de carne y hueso. Y que los incentivos personales de mayor o menor corrupción nada tienen que ver con ideologías políticas, estratos sociales, entornos profesionales, etc.

La referida comisión podría, por ejemplo, alcanzar propuestas de mejora para que los modelos de las APP se refuercen y atiendan riesgos de mayor vulneración política o corrupción. El caso Odebrecht y demás demuestran — entre otras cosas— que precisamente el voluntarismo político y el propósito de generar proyectos de infraestructura de gran envergadura a cualquier precio es lo que incuba la corrupción. Así se vulneran filtros y estándares, se juega al filo de reglamento y las excepciones pasan a ser la regla. Eso es lo que hay que evitar.

Otro ejemplo es el uso y abuso de las adendas. Está claro que este mecanismo excepcional para restablecer equidad en cualquier contrato sobre obras de gran magnitud ha terminado siendo la ventana para modificar aspectos esenciales de la competencia entre postores y la naturaleza misma de los proyectos.

¿No merecemos este tipo de propuestas? En lugar de ello, lo que sobra es un circo de críticas de uno y otro lado, el “tu líder o lideresa es más corrupto (a) que el mío (a)”, documentos, papeles, fotos y videos que solo crean bruma, confusión y buscan simplemente el posicionamiento político. Es decir, nada que contribuya a alcanzar la verdad, sino a disparar estiércol en cantidades industriales para todo el mundo.

Lo peor es que en esta guerra, de la que todos salen manchados, solo ganan aquellos que sí deben ser identificados y sancionados, y pierde —una vez más— el Perú, al no poder sacar lecciones y cambios que permitan aprender algo de lo ocurrido.

Mario Saldaña C.

@msaldanac